Los problemas en las cuentas de la Seguridad Social impedirán que la subida de las pensiones del próximo año sea superior al 0,25%, mínimo legal que, salvo que medie una decisión política en otro sentido, se aplicará por tercer ejercicio consecutivo a los beneficiarios de las prestaciones, entre ellos 755.033 gallegos. Un equipo de expertos que ha anticipado el cálculo de la revalorización de 2017 alerta de la "preocupante" situación del sistema público. Máxime porque el déficit sigue creciendo incluso en un contexto de intenso crecimiento del producto interior bruto (PIB). Con el importe de esta revalorización, y teniendo en cuenta los importes actuales, los jubilados que se retiren a partir de 2017 percibirán de media unos 1.390 euros al mes, cuatro euros más que los que dejaron de trabajar en 2016 pero veinte menos que los que hicieron lo mismo en 2015. Dejarán de ingresar 280 euros al año (con las catorce pagas).
El cálculo es similar al conjunto de los pensionistas (no solo jubilados), incluidos los que se benefician de las pagas de viudedad o incapacidad permanente. En enero de 2015 los nuevos perceptores ingresaron 963,85 euros, mientras que en el mismo mes de 2016 su paga bajó a los 946,44 euros. Aunque las futuras pensiones mantuviesen esa revalorización del 0,25% serían de 210,7 euros anuales más bajas que las que se empezaron a abonar en 2015. El sistema de revalorización no compensa, en definitiva, la depreciación de un modelo que se ha visto muy afectado por la crisis del mercado laboral (salarios más bajos) y de la propia Seguridad Social. De los 755.033 gallegos que cobra una pensión, la mayoría son jubilados (468.591), seguidos de las pagas de viudedad (187.031), incapacidad permanente (69.109), orfandad (24.205) y de favor familiar (6.097).
El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia hace el ejercicio de calcular el índice de revalorización de las pensiones, el mecanismo que desde 2013 sustituyó a la actualización según el índice de precios al consumo (IPC). La fórmula tiene en cuenta distintos parámetros del sistema: la evolución de los ingresos, el aumento del número de pensiones, el "efecto sustitución" (relación entre las altas y bajas de pensiones) y la corrección del déficit. El resultado es determinante para la subida de las pensiones de cada año y al mismo tiempo es un "indicador muy potente y realista" sobre la situación financiera de uno de los grandes pilares del Estado del bienestar español.
La conclusión
Los resultados de ese equipo universitario concluyen el resultado de la fórmula es negativo y además se ha deteriorado respecto al pasado año. El índice de revalorización que anticipan los dados económicos de la Seguridad Social en el primer semestre del año es del -3,11%, frente al -2,52% de 2015. Esto es, sobre el papel las pensiones deberían reducirse esa proporción para ajustar paulatinamente los gastos y los ingresos del sistema. Ahora bien, el mecanismo de revalorización tiene un tope que garantiza un subida mínima (0,25%) y también en un máximo que impide que las pensiones se revaloricen por encima de una tasa equivalente al IPC más 0,5 puntos. Así que, aunque la cuenta del índice de revalorización resulte negativa, los pensionistas tienen asegurada la subida nominal del 0,25%.
El comportamiento de la inflación durante los últimos tres años ha permitido que las pensiones no perdiesen poder adquisitivo en estos ejercicios con incrementos mínimos, los más bajos en muchos años si se excluye la congelación de las pensiones que para 2011 aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con Mariano Rajoy en la Moncloa, las prestaciones subieron menos que la inflación en 2012 y 2013 (en este último ejercicio, salvo para las pensiones de menos de 1.000 euros, que subieron el 2%).
