La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo que validó el proceso electoral en la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), lejos de satisfacer las pretensiones de los demandantes, ha avivado sus críticas. Un fallo que califican de "aberrante", "con muchas lagunas", "sin ninguna jurisprudencia" y que será recurrido ante la Audiencia Provincial por las patronales que iniciaron el proceso, según pudo saber FARO en fuentes conocedoras de esta decisión. "Hay algunas que no lo han ratificado todavía en asamblea, pero se presentará recurso con total seguridad", zanjaron. Las impulsoras de la demanda fueron Asime, Aceca, AJE-Vigo, Asetranspo, Asociación de Industria Química, Atra e Instalectra.
El principal elemento que nutrirá el recurso será la asunción por parte de la juez -así lo entienden de estas organizaciones- de que sí se falsificaron firmas en las delegaciones de voto para elegir a Jorge Cebreiros o Luis Novoa, con victoria para el primero. "Varios de los vocales delegantes han manifestado sin duda no ser suya la firma que obra en la delegación exhibida", dice textualmente la sentencia, dictada siete meses después del juicio. Cebreiros ganó a Novoa por solo tres votos de diferencia: 131 a 128, pero a renglón seguido la magistrada María Isabel Castro expuso lo siguiente: "Partiendo de las anteriores consideraciones, debemos ratificar la validez de las delegaciones de voto admitidas por la mesa, en cuanto no se ha producido infracción estatutaria o reglamentaria de los requisitos exigidos para la emisión del voto delegado".
"Llegaremos hasta el Tribunal Supremo si hace falta porque hay motivos de sobra", añadieron los críticos del líder de la CEP, quien se mostró "ratificado" nada más conocer el fallo. Para acatarlo solo tiene que convocar un nuevo proceso para elegir vicepresidente de Territoriales, donde hubo empate en los comicios del año pasado, y aprovechará previsiblemente la ocasión para elegir al titular de Industria.
Discusión en casa
Cebreiros ayer revivió la polémica en la sede de la CEP durante la celebración del comité ejecutivo, donde cinco asistentes votaron en contra del borrador de las cuentas de 2015 por un gasto que entendieron como "desproporcionado". Se trata de la defensa legal de la confederación a raíz de la demanda de los críticos por el proceso electoral, que corrió a cargo de Garrigues. La factura, según un asistente al encuentro, ascendió a 31.000 euros más IVA (37.510 euros), mientras que la representación legal de los autodenominados críticos habría costado 10.000. Desde la CEP aseguraron que se había contado con "los mejores" para defender a la organización, y que se confió en el "criterio" del secretario, Menardo Arias.
El borrador de presupuesto para este ejercicio fue ratificado por la mayor parte de los asistentes, aunque de nuevo algunos de ellos cuestionaron a Cebreiros por la "viabilidad" de la patronal provincial teniendo en cuenta el resultado negativo cosechado en 2013, 2014 y 2015. De acuerdo a las fuentes consultadas el presidente aseguró que se trataba de un problema estructural, y afloraron cobros pendientes de la Xunta por importe de unos 600.000 euros por los cursos de formación.
