La prórroga de la concesión a Ence por 60 años más, hasta 2073, no incumple las determinaciones del Plan de Ordenación do Litoral (POL) ni las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) de Galicia pese a que estos documentos aprobados en su día por la Xunta establecen pautas de actuación en los terrenos de Lourizán ocupados por la fábrica. Así lo aseguró ayer en el Parlamento gallego el secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, en respuesta a las críticas del BNG y AGE por la concesión de esa prórroga.
De Benito Basanta señaló que tanto el POL como las DOT establecen una protección paisajística para esos terrenos "cuando la desaparición de las fábricas estaba prevista para 2018", pero ese "escenario cambió" con la nueva Ley de Costas y ese cambio de ubicación solo era un "presupuesto de partida" porque esos documentos "no pueden imponer la retirada" de las factorías.
La comisión de Ordenación do Territorio del Parlamento gallego albergó ayer un nuevo debate sobre Ence, provocado por sendas preguntas a De Benito por parte de Montserrat Prado (BNG) y Antón Sánchez (AGE), que reprocharon al PP que "tanto en las elecciones de 2009 como las de 2012 defendiera el traslado de Ence y ahora aceptan la prórroga". El secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, admitió que el cambio de postura del Gobierno gallego supone "cierto coste político", pero insistió en que ahora "el escenario no es el mismo" ni desde el punto de vista legislativo ni económico que cuando se mantenía la marcha de la pastera de la ría de Pontevedra con el horizonte de 2018".
El secretario xeral de Calidade y Avaliación Ambiental apeló a las "exigencias" que impone la prórroga, a propuesta de la Xunta para defender esa ampliación de la concesión que Costas otorgó el pasado 20 de enero, mientras que Montse Prado consideró esa decisión como una "cacicada".
En su intervención ante la comisión de ayer del Parlamento de Galicia, De Benito indicó que la presencia de esa planta de Ence está condicionada a nuevas "exigencias de carácter ambiental", entre las que señaló "dos relevantes", que incluye a partir de 2018 la necesidad de cumplir los "nuevos requerimientos de la Comisión Europea" así como "eliminar las balsas de seguridad". Antón Sánchez restó validez a esas "condiciones" porque "estaban pactadas con la empresa y se presentan como un premio". Aún así, la Xunta insiste en su objetivo de "mantener el más alto nivel de exigencia" y "garantizar de forma permanente y efectiva los mayores niveles de control ambiental".
La parlamentaria del BNG Montse Prado calificó la prórroga como "indecente e ilegítima", ya que "Galicia de momento tiene competencias plenas en ordenación del territorio" recogidas en la Constitución y el Estatuto de autonomía.
