El martillo no entiende de clemencia y el sillón presidencial de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha sido un yunque sobre el que descargar todo tipo de rencillas empresariales, personales y territoriales. Y los críticos con el patrón, José Manuel Fernández Alvariño, no dejarán de golpear hasta que el hierro ceda. De nada ha servido que el empresario vigués haya convocado un comité ejecutivo el día 24 para abrir el proceso electoral en la patronal gallega. Sus opositores quieren revocarlo, echarlo mientras sigue siendo presidente. Por este motivo ayer presentaron 111 firmas -identificadas con nombre y DNI- en Santiago para forzar la celebración de una asamblea extraordinaria el día 27. Con el artículo 18.5 de los estatutos en la mano, y "con la mayoría de los vocales" a su favor, pretenden rescindir el contrato con Alvariño. A partir de ahí la intención es de constituir una ejecutiva en funciones y, entonces sí, abrir un proceso electoral.

"Es un ridículo espantoso. La mayoría no quiere que este presidente siga más allá del día 27. Somos autónomos para tomar nuestras propias decisiones", arremete Enrique Mallón, portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime). Según el sector crítico los vocales que han presentado las firmas para celebrar el cónclave son de las confederaciones provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense, "varios" de Pontevedra y "casi el 100%" de las organizaciones sectoriales. Para celebrar una asamblea general es preciso que la convoque el presidente, el comité ejecutivo (15 miembros) o un tercio de los 201 vocales (67 personas). "El 27 se acaba una etapa", zanja Mallón.

Empresarios que hace tres años confiaron en Fernández Alvariño -tras la larga travesía del coruñés Antonio Fontenla al frente de la institución- se han vuelto en su contra, dicen, por su "incapacidad para gestionar". "Nos cansamos de él", suelta a plomo, y atribuye al vigués el "deterioro económico e institucional" de la CEG. Según este empresario ourensano, vocal en la asamblea, "se le ofreció una salida digna antes del verano, pero fue prolongando la situación hasta ahora". Admite que Alvariño les presentó un "plan de rescate" para la patronal gallega hace un par de semanas, que tampoco gustó a sus opositores. "La semana pasada se le dijo directamente que lo íbamos a echar". Las autocontrataciones, el gasto en los servicios de gabinete de comunicación y el seguro es el argumento que más utilizan sus detractores para justificar la necesidad de revocarlo sin esperar a los comicios.

Y esta "insistencia" es algo que no entienden en su entorno. "Reconoce que no tiene la mayoría para llevar a cabo su gestión y convoca elecciones, pero lo que no es tolerable es que se le exija una dimisión. No robó nada, no es ningún chorizo", exhorta uno de sus principales defensores. La estrategia de Alvariño, como avanzó FARO, es la de conseguir que el comité ejecutivo logre abrir el proceso electoral y abortar así la revocación. Necesita siete votos -además del suyo propio- para lograrlo. En caso de que no consiga el respaldo suficiente en su entorno no ocultan que "lo mejor" sería la dimisión. "No se va a someter a ninguna lapidación".

A tenor del músculo que está cogiendo la moción de censura en su contra -en julio hubo una escaramuza que no llegó a mayores-, el presidente de los empresarios gallegos tiene complicado superar tantos obstáculos, máxime si organizaciones sectoriales consuman la amenaza de llevarlo a los tribunales. La "salida digna" que, al parecer, se le ofreció a Alvariño antes de verano tenía fecha de caducidad. El martillo golpeará veinte días más.