La reforma eléctrica no va en contra de la competitividad de las empresas. O eso es lo que aseguró el Gobierno en una respuesta parlamentaria, en la que además incidió en que el objetivo de las medidas adoptadas es "armonizar el sistema fiscal español con el uso eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad, al amparo de lo establecido en la normativa de la UE".
Patronales sectoriales, regionales, CEOE, Cepyme, y gobiernos regionales, incluidos los del PP, del mismo signo que el Gobierno regional, han criticado duramente la reforma eléctrica del Gobierno, denunciando el impacto en los costes de producción y, por tanto, la pérdida de competitividad en un momento clave para asegurar la salida de la crisis.
