El fiscal acusa a Díaz Ferrán de pertenecer a un grupo criminal y pide 15 años de cárcel

La acusación extiende la solicitud de prisión a Ángel del Cabo y a otras nueve personas por el vaciamiento del grupo Marsans

03.04.2014 | 02:05
Gerardo Díaz Ferrán. // Efe

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que acusa de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.

El Ministerio Público solicita, además, 8 años para el liquidador de empresas Ángel de Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento, 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría, y 4 años y tres meses para Iván Losada, "número dos" de De Cabo. El fiscal acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras 7 personas. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo están en prisión provisional por dicha causa.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de 9 personas en diciembre de 2012, en el marco de una operación Crucero, que se inició tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el Grupo Orizonia.

El fiscal asegura que el Grupo Marsans acumuló deudas que comprometían gravemente la viabilidad, lo que desencadenó que el consejo de administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.

"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores", dice el fiscal.

Díaz Ferrán y su socio, ya fallecido, Gonzalo Pascual, transmitieron a De Cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia". El fin último era poner todo "fuera del alcance de los acreedores".

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