El Gobierno presentó este miércoles un recurso de anulación contra el fallo del Colegio de Comisarios del 17 de julio, en el que declaró "incompatibles" las ayudas derivadas del uso del sistema de bonificación fiscal que usaron los astilleros españoles hasta junio de 2011, conocido como el tax lease, y que obligó a su devolución. El recurso se presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como confirmaron a FARO fuentes del Ministerio de Exteriores. Las mismas fuentes detallaron que el texto presentado incide en que en el llamado antiguo tax lease (hay uno nuevo, aunque no se ha utilizado) "no concurre ningún requisito" para considerarlo como una ayuda de Estado. El Gobierno sustenta esta afirmación en el hecho de que, según el análisis de los servicios jurídicos, "no son ayudas selectivas".

¿Esto qué significa? En primer lugar, que puede participar cualquier agente económico. Esta explicación ataca directamente a uno de los argumentos de la decisión de Bruselas, en la que sostuvo que "la aplicación de medidas fiscales selectivas" implica que las "empresas participantes son beneficiarias" de ayudas estatales (considerando 122 del texto de la Comisión, al que ha tenido acceso este periódico). España expone en su recurso que con la aplicación del tax lease "ni se falsea ni se amenaza con falsear la competencia". El despacho de abogados DLA Piper, uno de los denunciantes del antiguo sistema de bonificación fiscal, estimó no obstante que "la magnitud de las ventajas (fiscales) sin duda afecta a la posición de mercado de los beneficiarios. Y, es más, la propia Comisión adoptó en su decisión de julio este argumento: "Esta ventaja amenaza con falsear la competencia".

En caso de que el Tribunal europeo sí considere que sí existe una ayuda de Estado, el Gobierno también expone otros razonamientos para que no se exija la devolución de las ventajas fiscales (tasadas en 126 millones, la mitad al sector gallego). Las razones que esgrime el recurso, según pudo constatar FARO, son tres: la violación del principio de igualdad de trato, de confianza legítima y de seguridad jurídica. Este último ya fue defendido por el sector cuando alegó las pretensiones de la Comisión de Competencia. En el sector no todos sus actores respaldaron ayer esta decisión del Ejecutivo.