El mazo de un magistrado ha vuelto a sacudir a la multinacional Pescanova. Pero ha sido esta vez un zarpazo colateral, un golpe en la distancia, pero que ha revuelto igualmente la actualidad de la compañía cuando celebra la junta de accionistas más extraña de su historia mientras pelea por su viabilidad. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz (el mismo que instruye el caso Pescanova) dictó ayer un auto (que no guarda relación alguna con la pesquera) en el que acusa al presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, de un delito fiscal por articular una trama societaria que defraudó, "como mínimo", 72 millones de euros entre 2001 y 2009 a la Hacienda española. Carceller es el presidente ejecutivo del grupo catalán y que, a su vez, es segundo mayor accionista de la pesquera. Damm lidera una de las dos propuestas que hoy aspiran a constituir un nuevo consejo de administración para Pescanova y el propio Carceller anunció que recurrirá la decisión de Ruz. El juez menciona a cuatro personas, entre ellas el empresario, por fraude a Hacienda y blanqueo de capitales, aunque no concreta el grado de participación de cada uno de ellos.
Desde los años 90
Varias fuentes jurídicas consultadas por FARO incidieron en lo "inusual" del auto porque se filtró el mismo día en que Pablo Ruz lo firmó, lo que lo ha hecho coincidir con el cónclave que se celebra en Chapela. En todo caso, no se trata ni mucho menos de un caso actual sino que comenzó la fase de instrucción en el año 2009 pero de la que se ha levantado el secreto de sumario, según apuntó un letrado. Carceller Arce aparece en el mismo como "imputado" como colaborador esencial en un delito de fraude en el que el patriarca de la saga familiar, Demetrio Carceller Coll, sería el máximo responsable. "Con la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias ante la Hacienda Pública", dice el auto, el padre del presidente de Damm "inició indiciariamente, al menos desde los años 90, una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España", concretamente en dos domicilios de Madrid. Todo ello, continúa el texto notificado ayer por Ruz, con "el objeto de ocultar sus rentas mediante la utilización de estructuras radicadas" en su mayoría en paraísos fiscales. Para poder hacerlo, Carceller Coll (el padre) contó con la colaboración de su hijo (presidente de Damm), un abogado (Gabriel Ignacio Petrus Labayen) y un "hombre de confianza" (José Luis Serrano Flórez).
"Es importante el hecho de que el auto se base en avances de informes de la Agencia Tributaria, con lo que el caso podría ser más grande, así como la cuantía defraudada", explica Joaquín Yvancos, abogado personado en el caso Pescanova y que había solicitado la imputación del representante de Damm en el consejo de la pesquera, José Carceller. Del hermano mayor, Demetrio, el magistrado sostiene que "participa activamente en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar todas las rentas generadas". Hasta nueve informes de la AEAT son los que elevan por ahora el fraude al fisco a 72 millones de euros.
Una de las tramas articuladas, según el fisco, se utilizó para ocultar la participación de "la familia Carceller" en Disa Corporación Petrolífera, empresa que también preside el máximo enemigo en Pescanova de Manuel Fernández de Sousa. Para ello "se creó una estructura financiera" encabezada por una sociedad de Panamá (un paraíso fiscal) de la que pendían otras sociedades en las Antillas Holandesas (otro paraíso fiscal) o Chipre. El presidente de Damm intervino asimismo, presuntamente, en la creación de otra estructura para "ocultar las inversiones" que su padre tenía en Arizona (Estados Unidos).
El importe defraudado asciende "como mínimo" a 42,3 millones en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros 29,7 millones en el Impuesto de Patrimonio (IP), lo que suma un total de 72.046.870 euros. "En definitiva, y por lo que se refiere a ejercicios fiscales no afectados por el instituto de la prescripción (dado que las prácticas supuestamente delictivas se iniciaron en los noventa "al menos"), la instrucción permite concluir que Demetrio Carceller Coll" habría defraudado al fisco "en colaboración con Demetrio Carceller Arce", su hombre de confianza y el abogado Petrus Labayen.
Los delitos que se le imputan son contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. A partir de ahora, tanto el Ministerio Fiscal como los imputados tienen 20 días para pedir la apertura del juicio oral o solicitar que el caso sea sobreseído.
Carceller va a recurrir
Desde el Grupo Damm, y tras conocer la noticia, incidieron en que su presidente, Demetrio Carceller Arce, "no está acusado de delito alguno contra la Hacienda Pública. Demetrio Carceller Arce está imputado como presunto colaborador por un delito fiscal del que se acusa a su padre, Demetrio Carceller Coll". Asimismo, la compañía apuntó que el máximo ejecutivo recurrirá el auto del magistrado. Su defensa lo calificó, por otra parte, como "extemporáneo por prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la defensa, admitida por el propio magistrado". Desde el entorno de la compañía ha sorprendido la fecha en que se ha notificado este auto por parte del juez Ruz, tanto porque el caso "es de hace más de diez años" como por el hecho de que ha coincidido con la batalla abierta por el control de la multinacional Pescanova.
