Castelo Soluciones Estructurales, sociedad que surgió de las cenizas del antiguo grupo Castelo en Porriño de la mano de sus trabajadores en 2011, solicitó a mediados de junio el preconcurso de acreedores ante las dificultades económicas que atraviesa de nuevo. Castelo es uno de los mayores fabricantes de prefabricados de hormigón del Noroeste de España, con instalaciones en Porriño, Coirós (A Coruña) y Ocaña (Toledo), y adeuda en la actualidad hasta cinco salarios y una paga extra a parte de la plantilla, como avanzó FARO en su edición del 20 de junio. Según información remitida al Registro Mercantil, la firma había ampliado capital la pasada primavera en 1,26 millones de euros.

La nueva Castelo comenzó a operar en agosto de 2011. El antiguo grupo de prefabricados y pretensados de hormigón, propiedad de la familia porriñesa Pérez Leirós, había solicitado concurso de acreedores en diciembre de 2010 debido al impacto de la crisis de la construcción en sus cuentas. Los dueños reconocieron verse incapaces para sacar la empresa adelante y fueron algo más de 160 trabajadores, asesorados por UGT (sindicato que entonces tenía mayoría Castelo), quienes trazaron un plan para reflotar esta compañía que consistía en la compra de los centros de trabajo de Porriño, Coirós y Ocaña y la aportación de un 10% de su salario durante dos años, además de las indemnizaciones de la anterior empresa.

El valor de las plantas, tras una larga negociación con los bancos acreedores -y con el apoyo de la Xunta a través del Igape y XesGalicia-, quedó tasado en unos 38 millones de euros, que los trabajadores, a través de una sociedad limitada laboral (SLL), asumieron subrogándose en parte de la deuda con una hipoteca a treinta años. Los inicios de la nueva Castelo, al mando ya de la plantilla, prometían con una facturación al cierre de ese mismo año de 5,8 millones de euros, con contratos con clientes de renombre como el grupo Inditex o Repsol. La Xunta también contribuyó activamente a relanzar este proyecto, movilizando más de 4,5 millones de euros en créditos y avales.

Pero las dificultades han vuelto a la empresa, sobre todo a la planta de Porriño. En una junta de socios celebrada a finales de junio, a la que acudieron representantes de los tres centros de producción del grupo, el equipo directivo de Castelo Soluciones Estructurales comunicó que, para blindarse ante posibles reclamaciones de acreedores, había solicitado el preconcurso el viernes 14 de ese mes. De los 160 trabajadores que formaron parte de la SLL en el inicio del proceso quedan unos 140, según ha podido saber FARO. Parte de la plantilla está sometida a un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal rotatorio y a desplazamientos temporales al centro de Ocaña, y a otro grupo de trabajadores la compañía les adeuda cinco salarios y una paga extraordinaria (unos 15 ya han denunciado esta situación).

Problemas internos

Según señalaron a FARO varios de los socios/trabajadores, la empresa sufre una "fractura interna" que ha acabado por pesar en el resultado de la misma, lastrada asimismo por los recortes en la obra pública y en la construcción en general. La brecha en la plantilla se originó cuando en agosto de 2012 un grupo de directivos de la sociedad se hizo con el control total de la empresa, entrando en el consejo de administración y relegando a los trabajadores que habían liderado el proceso un año antes.

En el centro de Porriño, que produce prefabricados arquitectónicos con un alto nivel de especialización (y donde están las oficinas técnicas del grupo), la actividad, salvo en despachos, es mínima, según las mismas fuentes. En mejor situación están la planta de Coirós (cerca de Betanzos), que fabrica elementos de hormigón de mayor envergadura y cuenta con unas instalaciones más modernas, y la de Ocaña, especializada en obra civil y que produce vigas de hasta 200 toneladas de peso.