Las dos caras de Almunia en el ´tax lease´

El comisario asegura que toda ayuda ilegal debe devolverse, pero abre esperanzas en el sector al apuntar que no se exija si supone "infringir la confianza legítima y la seguridad jurídica"

31.05.2013 | 08:50
Trabajadores del astillero público y de las empresas auxiliares cortan el puente de As Pías. // Efe/K.D.
Trabajadores del astillero público y de las empresas auxiliares cortan el puente de As Pías. // Efe/K.D.

El comisario europeo de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, ha vuelto a dar una cal y una de arena al sector naval español. En una respuesta a la europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao, Almunia asume por primera vez la posición española en la defensa jurídica del tax lease (el sistema de bonificaciones fiscales que utilizaban los astilleros para contratar, suspendido el 29 de junio de 2011): que no se puede exigir el reembolso de las ayudas concedidas si esto supone -como asegura el sector y el Gobierno- infringir el principio comunitario de la confianza legítima y la seguridad jurídica. Pero en el mismo documento, fechado el pasado martes, el comisario afirma que "la Comisión es esfuerza por adoptar una decisión final en los próximos meses", dejando entrever que la resolución no será inminente, como demanda el naval español.

El máximo responsable europeo de la Competencia explica que cuando un estado concede ayudas estatales sin autorización de la Comisión y éstas se consideran incompatibles con el mercado interior -como podría ser el caso del tax lease- "el estado miembro debe poner fin a la misma". Almunia deja claro que toda ayuda ilegalmente concedida con anterioridad "debe, en principio, ser reembolsada por los beneficiarios". "Sin embargo", reconoce el comisario, "la Comisión debe abstenerse de exigir que se pida el reembolso de las ayudas concedidas con anterioridad cuando ello suponga infringir un principio fundamental del Derecho comunitario como es la protección de la confianza legítima y la seguridad jurídica".

Éste es el principal argumento que tanto Gobierno como sector naval, a través de Pymar, han esgrimido en su defensa jurídica del antiguo tax lease. Una resolución desfavorable por parte de Bruselas podría obligar a devolver más de 2.600 millones de euros de las operaciones realizadas entre principios de 2002 y 2010, supuesto que en caso de producirse abocaría al cierre al 90% de los astilleros y dejaría en la calle a unos 87.000 trabajadores, según cálculos de Pymar y las mayores fuerzas sindicales.

Respecto a la demora en el expediente, Almunia la achaca a los plazos en los que ha recibido documentación por parte de todas las partes. "Las últimas contribuciones que fueron enviadas entre junio de 2012 y abril de 2013 llamaron la atención de la Comisión sobre nuevos datos. Estos argumentos están siendo analizados. La Comisión está trabajando para que se adopte una decisión final en los próximos meses", indica el comisario, que afirma haber recogido contribuciones "de más de cuarenta terceras partes interesadas" con argumentos "a favor o en contra de la evaluación preliminar" de Bruselas sobre el tax lease español.

Los astilleros confían en que la visita del presidente del Gobierno a Bruselas el 5 de junio sirva para desbloquear esta situación. Mariano Rajoy viajará con seis ministros y se entrevistará con el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, y el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Al mismo tiempo, los ministros mantendrán encuentros bilaterales con los comisarios de sus respectivas áreas. Uno de los puntos a tratar en esta cumbre es la resolución del expediente del tax lease.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confió ayer en que ésta sea "positiva" para el sector tras la espera con la que Bruselas ha "castigado" al naval español. "Hemos trabajado de forma constante y continua con el naval, pero hay algo que no podemos solucionar y quien tiene la palabra es Almunia", afirmó En la misma línea, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, transmitió ayer a la Comisión la preocupación del Gobierno gallego sobre el naval, del que dependen unos 14.000 empleados.

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