En el informe anual de Pescanova de 2011 -el último conocido-, la empresa Transpesca SA decía tener 748.100 acciones de la multinacional en su cartera, lo que le reportaba un 3,847% de la pesquera. Tras la ampliación de capital del pasado verano este porcentaje se redujo a poco más del 2,5%, que mantuvo en Pescanova hasta justo antes de que estallara la crisis en la empresa que preside Manuel Fernández de Sousa. Pero entre el 11 de enero y el 6 de febrero, cuando la multinacional con sede en Chapela ya tenía serios problemas de liquidez, el presidente de Transpesca, José Alberto Barreras, mandó vender 700.000 acciones (el 95,7% del total). Ganó 11,2 millones de euros con esta operación de desinversión masiva. Ello no impidió que la empresa solicitase suspender pagos en febrero.
Transpesca, que declara "pesca marina" o "actividades inmobiliarias" como objeto de negocio pese a que no consta que tenga empleados en el registro mercantil, entró oficialmente en concurso de acreedores el 27 de febrero, el mismo día en que el consejo de Pescanova no fue capaz de aprobar las cuentas anuales de 2012. Dos días antes Fernández de Sousa informó a sus consejeros externos dominicales de que había un serio riesgo de no poder pagar el vencimiento de un crédito. Si Barreras conocía o no la calamitosa situación de Pescanova antes que el mercado, la CNMV o la banca para salir de la firma y evitar grandes pérdidas es algo que tendrá que dirimirse en los juzgados.
Solicitud de imputación
Los fiscales anticorrupción Juan Pavía y Elena Lorente creen que Barreras, como accionista de Pescanova, cometió un delito de "uso de información relevante" para evitar los perjuicios derivados del colapso bursátil de la multinacional. Con la venta de 700.000 acciones a un precio medio de 16,02 euros evitó pérdidas de 6,3 millones, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La propia Transpesca, según el informe de Fiscalía Anticorrupción (que pide la imputación de Sousa y otros accionistas, incluido Barreras) también incurrió en un "presunto delito de información relevante".
A día de hoy, el empresario vigués (antes vinculado a empresas como la quebrada Pesquerías Españolas del Bacalao SA, Pebsa, o Pesquera Áncora) sigue siendo administrador único de Transpesca y mantiene las facultades por decisión del juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid. El administrador concursal es Miguel Sánchez Calero Guilarte, según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuentes próximas a la empresa y conocedoras de la trayectoria de este empresario destacan la "íntima relación" con Sousa. "Se ayudaron siempre mutuamente". Barreras -Transpesca- estaba representado en el consejo de administración de Pescanova por una de sus tres hijas, Ana Belén (que no tenía ningún título y apoyó la petición de concurso formulada por el presidente de la compañía). De hecho, y hasta que el jueves Anticorrupción hizo público su informe sobre la pesquera, se desconocía que José Alberto Barreras poseía a inicios de año más de 700.000 títulos. Eso sí, fuentes financieras explicaron a FARO que sus acciones estaban pignoradas por La Caixa (ahora CaixaBank). Esto significa que los títulos fueron usados por Barreras como una especie de aval, como una garantía de bienes inmuebles que se presta en las hipotecas. "Puede utilizar este hecho para justificar la venta, que necesitaba vender para pagar una deuda bancaria, más si declaró en concurso su compañía", explican fuentes expertas en auditoría.
El informe de los fiscales anticorrupción -que, como publicó ayer este diario, ampliarán en cuanto reciban las primeras conclusiones de la auditoría forense de KPMG- pide a la Audiencia Nacional (al juez Pablo Ruz, en este caso) que solicite su declaración como imputado y se inicie una fase de instrucción en la que estarían, además de Barreras, el propio Sousa, Alfonso Paz-Andrade y José Antonio Pérez-Nievas. "El hecho de que sean íntimos y siempre se hayan ayudado, incluso a nivel económico, no adelanta nada", detallan las mismas fuentes consultadas por este diario.
Iberfomento
Al margen de Barreras, desde el propio consejo de Pescanova han llamado la atención sobre la "extraña confesión" de otro socio, Pérez-Nievas (que representa a Iberfomento en la multinacional). También aparece en el informe de los fiscales ya que vendió 110.000 acciones los días 25 y 26 de febrero (cuando ya sabía que Pescanova tenía problemas de liquidez). Él se escuda en que sus títulos también estaban pignorados: "La venta obedecía al propósito de amortizar un préstamo bancario sobre las propias acciones". Sin embargo reconoce haber vendido a una media de 17,02 euros y recompró títulos el 5 de marzo, cuando estaban a 6,30 euros. Es decir, adquirió títulos con plusvalías aunque, con el paso de las semanas, la crisis de Pescanova se ha agudizado sin ninguna esperanza de que a corto o medio plazo las acciones de la pesquera vuelvan a cotizarse en el mercado.
