La Comisión Europea (CE) investiga desde junio el tax lease que aplican los astilleros de los Países Bajos a la construcción de nuevos buques. El proceso se abrió incluso antes de la denuncia presentada en diciembre pasado por el sector naval español, con el respaldo de Pymar y la Gerencia del Sector Naval, en respuesta al acoso constante de los holandeses.
La CE comunicó el 28 de febrero al eurodiputado popular Salvador Garriga -en contestación a una pregunta formulada por éste- que en junio de 2012 inició una investigación preliminar "y preguntó a los Países Bajos acerca de las disposiciones que permiten amortizar más rápidamente el coste de los activos". Bruselas indicó también que "más recientemente, transmitió a los Países Bajos una denuncia que había recibido sobre el mismo tema". Los constructores navales españoles denunciaron en diciembre las ayudas holandesas, país que además de impugnar el tax lease aplicado por España y dejar a sus astilleros sin ayudas durante casi dos años, amenazaba ahora con volver a hacer lo mismo con el nuevo sistema autorizado por Competencia.
En su respuesta, la CE afirma que "no está en estos momentos en situación de confirmar el alcance de la ventaja" que supone el régimen fiscal de los Países Bajos. No obstante, considera que "en la medida en que se obtuviera gracias a la aplicación de medidas generales, es decir, de medidas fiscales aplicables a todas las empresas, esta ventaja no sería constitutiva de ayuda estatal". Precisamente una de las modificaciones que incluye el nuevo tax lease español es la generalización del sistema para aquellos bienes que tengan un periodo de construcción superior a un año, que no se fabriquen en serie y que no se traten de bienes inmuebles.
Bruselas indica que, al final de la investigación preliminar sobre los Países Bajos podrá decidir que "las medidas en cuestión no constituyen ayudas, que constituyen ayudas compatibles o incoar un procedimiento de investigación formal si la medida parece ser constitutiva de ayuda estatal ilegal e incompatible".
Añade que "si la Comisión considera que una medida constituye una ayuda incompatible, exigiría que el Estado miembro recuperara esa ayuda, a menos que eso fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión".
El eurodiputado popular Salvador Garriga preguntó a la Comisión Europea sobre el sistema fiscal de los Países Bajos que "permitía hasta 2010 la amortización de determinados bienes de manera anticipada y acelerada". Según Garriga, "esta medida, combinada con el régimen de tributación por tonelaje y arrendamiento financiero para la adquisición de buques, les permite rebajas sustanciales en el precio final de los buques en comparación a sus competidores europeos.
Garriga señala que el sistema que se utilizan en los Países Bajos les confiere una ventaja económica "que tiene por consecuencia que el precio de los buques sea entre un 33% y un 38% inferior" al del resto de los astilleros europeos.
El eurodiputado denuncia que el sistema "es selectivo" y que "otorga la ventaja solo a determinados sectores, y depende de una autorización individualizada por parte de las autoridades competencia". Y asegura que se implica "una transferencia de recursos estatales".
