El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial de Buenos Aires, el mismo que cuestiona ahora la constitucionalidad de la ley por la que se le incautaron todos los bienes a Vieira Argentina, aceptó la solicitud de concurso de la compañía viguesa tres días antes de aprobarse la ley expropiatoria en la provincia de Santa Cruz. Y, tal y como consta en el auto de apertura del concurso, conocía la situación de conflicto entre Vieira y el gobierno provincial, dirigido por el mismo partido de la presidenta Cristina Fernández Kirchner. En dicho auto, al que FARO ha tenido acceso, el alto tribunal decreta la "inhibición general de los bienes de la concursada" (Vieira), una figura legal de carácter cautelar que impide enajenar los activos de una empresa.
El Juzgado Nacional en lo Comercial -uno de los cuatro estamentos en los que se divide la Justicia Federal en Argentina- declaró "abierto" el concurso preventivo de la filial de Vieira en el país patagónico el 17 de septiembre. El Gobierno de Santa Cruz, donde la pesquera de Vigo tiene una factoría y el puerto base de sus siete barcos, publicó la ley de expropiación el día 20 de septiembre, tres días más tarde. "Más allá de la situación descrita por la concursada con las autoridades de la provincia de Santa Cruz, no se advierten obstáculos que impidan disponer la apertura del concurso preventivo solicitada", reza textualmente el auto concursal.
Y es que, antes de expropiar la empresa, el Ministerio de Producción de esta provincia había intervenido ya la filial, y había declarado la intención de incautar todos los activos que la empresa tenía en la localidad santacruceña de Puerto Deseado.
La expropiación de Vieira Argentina se consumó mediante la ley 3287 por la Cámara de Santa Cruz, reunida en sesión extraordinaria y con ese único punto en la orden del día. Dicha norma declaró "de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los bienes de la empresa" gallega. La ley contiene visos de inconstitucionalidad, según el Juzgado Nacional en lo Comercial.
La administración concursal de Vieira interpuso en octubre un recurso -una pieza separada pero vinculada a la del concurso preventivo- de inconstitucionalidad contra la ley que expropió sus activos. Utilizó para ello un artículo de una ley de rango nacional, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, según pudo confirmar este diario en base a la documentación de la Cámara Nacional de Apelaciones de Buenos Aires. La misma ley sirvió para decretar el concurso preventivo.
La batalla legal de la histórica pesquera de Vigo -en concurso de acreedores necesario- tiene así tres frentes abiertos en Argentina. El primero, el de su propio concurso preventivo, que declara sus bienes no enajenables. Tiene hasta el día 15 de este mes para trasladar al Gobierno de Santa Cruz que sus activos no se pueden vender ni hipotecar, pues están en una situación similar a la de embargo. En segundo lugar, el recurso de inconstitucionalidad, aceptado a trámite y acatado por la Justicia de Argentina. Y, en tercer lugar, la petición de la empresa -también por vía judicial- de mantener las licencias de sus cinco barcos tangoneros y dos poteros.
En el auto del concurso, a mayores, el juez Horacio Francisco Robledo le dio de plazo hasta el 11 de junio para "presentar una propuesta de clasificación y agrupamiento de sus acreedores", con lo que tiene tiempo para retomar su solvencia y, con ello, mantener la propiedad de todos sus bienes.
