Los ministros de Economía de la Unión Europea tomaron ayer dos decisiones de alcance para contrarrestar las amenazas que pesan sobre la moneda única: de un lado, el llamado Eurogrupo concretó las condiciones del rescate de Irlanda, que supondrá la inyección de 85.000 millones de euros; de otro, los gobiernos llegaron a un acuerdo sobre el fondo de rescate permanente que a partir de 2013 sustituirá al mecanismo actual de asistencia financiera.

Finalmente, la UE traspasará a los inversores privados parte de la factura de los rescates futuros, pero lo hará en unas condiciones menos severas que las defendidas inicialmente por Alemania y que habían encendido la agitación de los mercados durante las últimas semanas. Esa participación privada no será automática, sino que se decidirá "caso por caso".

El acuerdo sobre el sistema permanente de rescate llegó tras un pacto previo entre la canciller alemana Ángela Merkel y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, que ayer mismo mantuvieron contactos telefónicos entre sí y con las principales autoridades de la UE. Sarkozy había mantenido conversaciones preparatorias con el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; con el portugués José Sócrates y con el italiano Silvio Berlusconi, según informó el diario galo Le Monde.

En juego estaba desentrañar el alcance de la participación privada en los costes de los rescates, un criterio ardientemente defendido por la germana Merkel. El principio general es el siguiente: se considera que los daños por una crisis de deuda soberana no pueden recaer sistemática y absolutamente sobre los contribuyentes de los estados, sino que los tenedores de los bonos –principalmente bancos, fondos de inversión u otros institutos financieros– deben correr con parte de la factura como consecuencia lógica del beneficio que obtienen y del riesgo que asumen al invertir.

Alemania ambicionaba que esa implicación privada comenzara de manera casi inmediata, en las emisiones de deuda que los países vayan a hacer a partir de 2011. En letra gruesa, el planteamiento es que, en el supuesto de que un país necesite acudir al mecanismo de rescate, reciba como ahora apoyo en préstamos de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI), dinero que debe ser devuelto con intereses. Pero, además, se plantea que los acreedores (propietarios de los bonos de deuda pública) tengan que asumir aplazamientos (esperas) o reducciones (quitas) en sus retribuciones, como si de una suspensión de pagos convencional se tratara.

Las aspiraciones alemanas de "privatizar" en parte el precio de los rescates debilitó la posición en los mercados financieros de las economías más vulnerables, alimentando, según los analistas, la huida de los inversores de los bonos de deuda irlandeses, portugueses y españoles, principalmente. Es más, el impacto en los mercados de la posición de Merkel forzó a las principales potencias europeas –Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido– a sacar un comunicado, durante la reunión del G-20 en Seúl (12 de noviembre), para aclarar que el nuevo mecanismo sólo empezará a aplicarse en 2013 y que no afectaría a las condiciones del rescate irlandés.

El acuerdo de ayer añade otro matiz y da a entender que el traspaso de costes a los inversores en caso de intervención de un país del euro no será indiscriminado, sino que se decidirá "caso por caso".