Competencia ve indicios de pacto de precios entre 15 asociaciones mejilloneras de Galicia

Se trataría por tanto de un monopolio o de un cártel, así reconocido por la ley vigente, por lo que en caso de resolverse este expediente con una sanción, el sector podría verse obligado a abonar 10 millones de euros.

Después de la investigación abierta hace meses, y en atención a los documentos intervenidos desde mayo, “se han observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas”, esgrime la CNC, que de este modo abre un plazo de entre 12 y 18 meses para instruir este expediente y resolverlo, previo análisis de las alegaciones que puedan presentar las 15 entidades.

Los posibles acuerdos anticompetitivos en el sector mejillonero que están siendo investigados se centran en el año 2006 -cuando funcionó una de las centrales de ventas que puso en marcha el sector a lo largo de su historia- y en los hechos acaecidos en los cinco últimos meses de 2008, cuando el nacimiento de la Plataforma de Distribución del Mejillón Gallego (Pladimega) originó una escalada de tensión y violencia en el sector que derivó en una huelga general en los puertos, sabotajes, lanzamiento de cócteles molotov y en una masiva afluencia de piquetes a los muelles para impedir las descargas o el traslado de molusco a las industrias.

Aquella huelga y el desabastecimiento de los mercados provocó la denuncia de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco), que alertó de la creación de un cártel, y a la postre desencadenó en el expediente sancionador incoado por la CNC.

Se trata de dilucidar ahora si existió una infracción de las leyes y articulados que marcan tanto el Tribunal Europeo de la Competencia como la Ley de Defensa de la Competencia en lo referente a conductas colusorias o pactos ilícitos.

Y es que la legislación prohibe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada (...) que pueda impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado”.

En particular se prohibe “la fijación de precios u otras condiciones comerciales o de servicio”, al igual que se veta “la limitación o el control de la producción y de la distribución”.

La CNC pretende, por tanto, averiguar si infringieron ese articulado los piquetes que impedían descargar mejillón en el muelle o las asociaciones que avalaban Pladimega con la intención de fijar precios de referencia y cuotas de mercado.

Todo ello aparece regulado por el artículo 1 de la Ley de la Competencia, contemplándose esas prácticas como “infracciones graves”. Pero se tipifican como “muy graves” si las mismas se llevan a cabo mediante “cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas (...) y si hay abuso de posición de dominio cuando el mismo sea cometido por una empresa que tenga una cuota de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos especiales o exclusivos”.

En caso de que finalmente se considere la acción de los mejilloneros como una infracción “muy grave” pueden ser castigados con “multa de hasta el 10% del volumen de negocios total obtenido por la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la multa”, mientras que el porcentaje se reduce al 5% para las infracciones “graves”.

Teniendo en cuenta que la facturación anual del sector mejillonero gallego oscila entre los 100 millones y los 120 millones de euros, y que las 15 asociaciones expedientadas representan prácticamente al 90% del mismo, es fácil concluir que podría imponérseles una sanción de en torno a los 10 millones de euros en caso de que el expediente sancionador sea condenatorio.

Entidades afectadas (*)

OPMEGA: La Organización de Productores Mejilloneros de Galicia, con un millar de parques asociados repartidos por todas las rías, es la entidad mayoritaria del sector y fue uno de los pilares fundamentales de Pladimega, además de participar en la central de ventas creada en el año 2006 con el nombre de “La Central”.

Farn: La Federación de Asociaciones de Arousa Norte es la segunda agrupación gallega por número de socios y de bateas -alrededor de medio millar-. También firmó en 2006 la creación de la central de ventas, que resultó un fiasco y se truncó apenas un año después. En 2008, FARN estuvo en contra de Pladimega e incluso sufrió algunos sabotajes, aunque finalmente participó en la reunión mantenida en Pontevedra con la ex conselleira Carmen Gallego para tratar de pactar condiciones de reparto de mejillón entre asociaciones. Aquel pacto de compensación constituye la principal implicación de FARN en el expediente de la CNC.

AGAME: La Agrupación Gallega de Mejilloneros, integrada por entidades históricas, como Asociación Cabo de Cruz (Boiro) y Socomgal (Moaña) y Cons do Udra (Bueu), es la tercera en discordia, también con cerca de 700 parques de cultivo. Cuando estaba presidida por Agustín Pose, actualmente apartado del cargo, lideró la creación de Pladimega.

A illa: La Asociación Illa -200 bateas-, representada en todo momento por Julián García Mouriño e incluso por Ramón Dios, a la sazón presidente del Consello Regulador Mexillón de Galicia, fue otro de los grandes pilares de Pladimega. García Mouriño se erigió junto al boirense Agustín Pose como el principal portavoz de la plataforma.

Amegrove: La sociedad cooperativa de mejilloneros asentada en O Grove -350 parques- es una de las referencias indiscutibles del sector mejillonero gallego. Participó tanto en la central de ventas de 2006 como en la activación de Pladimega.

Otras: Acuimega (O Grove), San Amaro (Vilanova), Rianosa (Moaña), A Boirense (Boiro) y Novarousa (Vilanova) son algunas de las asociaciones minoritarias que en un momento determinado participaron en Pladimega.

(*)

: El expediente de la CNC alude tanto a asociaciones de productores como a agrupaciones o federaciones, es decir, entidades que a su vez engloban a varias asociaciones diferentes.