En el caso de Lalín, el Consorcio Galego de Igualdade le exige al Concello el pago de 870.000 euros en concepto de gastos de personal. Desde el ejecutivo llevarán al próximo pleno la petición tramitada al Consorcio para que retire la propuesta de liquidación por no ajustarse al convenio.
El gobierno también plantea iniciar acciones a través de la Fegamp con el resto de Concellos afectados para defenderse por la vía de lo contencioso administrativo de ser preciso. Además, reclaman a la Consellería de Benestar que mantenga la dotación de personal tras el anuncio de suprimir varias plazas.
