La junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol ha pedido a Ángel María Villar que dimita como presidente y desbloquee de esta forma la crisis institucional desatada por su detención en el marco de la "operación Soule". Pero ni siquiera la dimisión de Villar aclararía la identidad de su sucesor. En pasillos, despachos y reservados han comenzado las maniobras de quienes aspiran al cargo. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, que ayer participó en la junta, se había reunido previamente con varios presidentes territoriales para postularse como candidato. Está dispuesto a forzar una moción de censura si Villar no renuncia. A ese conciliábulo no asistió el presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, que de momento se mantiene al margen, aunque perfectamente al tanto de los movimientos ajenos. "La Gallega va por libre", deslizan los expertos.
Villar, acusado de diversas prácticas corruptas en la gestión de la Federación Española, fue detenido el 20 de julio junto a otros como su hijo Gorka y su vicepresidente económico, Juan Padrón. Cinco días más tarde el Consejo Superior de Deportes decretaba su inhabilitación como presidente por el periodo de un año. La Federación Española aplicó entonces lo previsto en su reglamento y nombró presidente en funciones al miembro más veterano de la directiva, Juan Luis Larrea, que desempeñaba el cargo de tesorero.
La Federación Española vive desde ese momento en la incertidumbre, sin saber quién la presidirá hasta 2020. La liberación bajo fianza de Villar no resuelve su inhabilitación y el calendario judicial se le presenta complejo. En pura teoría, Juan Luis Larrea podría continuar como presidente en funciones hasta agotar su mandato, dentro de dos años y medio. Pero es una alternativa que nadie considera viable. Larrea, un personaje menor dentro de la compleja política federativa, no dispone de los apoyos necesarios y está contaminado por la sospecha que ahora se extiende sobre toda la etapa de Villar.
El proceso inmediato depende del todavía presidente oficial -aunque éste suspendido-. Su sucesión debe resolverse a partir de que se cumplan seis meses de su elección, en el próximo mes de noviembre. Si Villar dimite, se elegirá nuevo presidente, bien en unas elecciones generales o bien por votación de los actuales 138 miembros de la asamblea federativa; si Villar se aferra al cargo, que es lo que su entorno ha insinuado, cualquiera podrá presentar una moción de censura.
Luis Rubiales se siente en condiciones de pelear por el puesto. El presidente de la AFE, aunque aliado en su momento con Villar en la guerra contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, compartió ayer la decisión de la junta directiva de la Federación Española de reclamar la dimisión. En la reunión han participado todos los presidentes territoriales -excepto los de La Rioja, Ceuta, Murcia, Melilla y Valencia, investigados por el juez Santiago Pedraz- además de los presidentes del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, Enrique Cerezo y Jokin Aperribay.
Esa fue una escenificación pública. Horas antes, en el Restaurante El Gato Canalla, Rubiales había comenzado a mover sus piezas en el ajedrez federativo. En ese local se reunió con varios presidentes territoriales: al menos, con los de las federaciones de Madrid, Cataluña, Extremadura, Euskadi, Baleares y Canarias. En este encuentro se perfiló la confección de una moción de censura en la que Rubiales ejercería como candidato a la presidencia.
El presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, no estuvo entre los invitados de Rubiales. Sí que participó en la junta directiva posterior igual que los presidentes de Aragón y Andalucía, aunque ninguno era miembro. Estos tres dirigentes formaban parte del sector que ya se había mostrado crítico con Villar antes de que estallase el "caso Soule".
El presidente de la Federación Gallega insiste en mantenerse al margen de ese juego subterráneo que se ha desatado. En los mentideros nacionales han llegado a mencionarlo en la lista de presidenciables. Es una ambición que se le adjudica desde antiguo, incluso antes de que se presentase a las elecciones de la Gallega para desbancar a José García Liñares. Pero Louzán tiene sus propios conflictos judiciales; es el único político de quien el fiscal del "caso Patos" ha pedido que siga imputado y eso debilita su posición.
A día de hoy la postura de la Federación Gallega es que conviene apostar por un candidato de consenso, que incluso provenga de fuera de la asamblea y pueda abrir las ventanas y aclarar el aire viciado de Las Rozas. El posible apoyo de varios presidentes territoriales no le garantizaría a Rubiales el voto de los representantes de los clubes, un colectivo que se acaricia las cicatrices de sus colisiones con la AFE. Rubiales no es el caballo por el que apuesta Louzán, que se mantiene al margen, apartado del ruido, y estudia el panorama.
