La piqueta amenaza seriamente el edificio ubicado en el número 29 de la Avenida Julián Valverde de Sabarís, un bloque con 19 viviendas, la mayoría habitadas, y cinco locales comerciales abiertos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado por tercera vez al Concello de Baiona la demolición y las posibilidades de mantenerlo en pie se agotan tras más de quince años de proceso judicial. Su último auto, notificado la semana pasada a las partes, echa por tierra el intento del Ayuntamiento y la promotora, Osyris Alba S.L., de evitar el derribo.
La constructora, la misma que llevó a cabo el polémico edificio ilegal de O Piricoto en Vigo, obtuvo la licencia municipal en 2001 tras aprobarse un estudio de detalle a medida para la parcela, durante la etapa del independiente Benigno Rodríguez Quintas en la Alcaldía baionesa.
Poco después de arrancar la obra, Alfonso Vidal Guntín, el propietario de la vivienda contigua, declarada bien de interés cultural por ubicarse dentro del conjunto histórico artístico de Baiona, acudió a los juzgados, representado por el despacho de abogados vigués Martínez Barros.
El pleito llegó al Tribunal Supremo, que le dio la razón en 2010 y anuló tanto el permiso de construcción como el plan especial aprobado para levantar el inmueble. La sentencia obligaba ya entonces al Concello a demoler y confirmaba que el proyecto incumplía la normativa urbanística, además de resaltar que no se había solicitado la intervención de la Dirección Xeral de Patrimonio pese situarse en un entorno protegido.
El TSXG requirió entonces el derribo, aunque accedió a suspenderlo en tanto que el Ayuntamiento buscaba encaje legal al edificio. Pero además de saltarse la normativa urbanística, el bloque excedía la edificabilidad establecida. Así que el Ayuntamiento resolvió declararlo ilegalizable en 2013, en la etapa del exregidor popular Jesús Vázquez Almuiña, conselleiro de Sanidade en la actualidad.
La constructora emprendía un segundo pleito contra dicha decisión municipal ante el TSXG para reclamar la legalización de la construcción. Pero se encontró con una primera sentencia desestimatoria en junio de 2016 y una segunda que confirmó el pasado julio la imposibilidad de darle cobertura legal conforme al Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente.
Ante estos fallos judiciales, el denunciante insistió en reclamar la ejecución de la sentencia en septiembre y el alto tribunal gallego requirió por segunda vez al Ayuntamiento la demolición. Daba opción de presentar alegaciones tanto a la Administración local como a la promotora y ambas se defendieron argumentando que no era posible derribar el edificio. Consideraban que la decisión municipal de impedir la aprobación de un nuevo estudio de detalle y, por tanto, la concesión de una nueva licencia, cumplía ya con la sentencia del Supremo, que los había anulado.
Pero la sala rechaza ambos razonamientos e insta por tercera vez el derribo. En esta reciente resolución, insiste en que "precisamente la anulación de la licencia y del estudio de detalle es lo que conlleva el que proceda la ejecución y consiguiente demolición".
El auto ofrece cinco días para presentar recurso, plazo que finaliza esta misma semana. El alcalde, Ángel Rodal, aseguró ayer que "hay una sentencia que ordena el derribo y nuestros asesores jurídicos están estudiando el tema". En todo caso, afirmó "el Concello ya no puede recurrir", sino que esa opción corresponde "a otras partes del caso".
