Los 11 votos de PP, ACIP y EU-Son fueron suficientes frente a los de los 9 de los diez ediles del gobierno local que asistieron al pleno del martes (la edil que sustituirá a Mario Lago aún no tomó posesión) para que saliese adelante la reprobación del alcalde de Ponteareas, Xosé Represas; de la concejal de Urbanismo, Chus Garrote; y del edil de Xestión e Protección Urbanística do Patrimonio Histórico, Benito Márquez, por haber cometido infracciones urbanísticas al ejecutar tres obras sin contar con los permisos previos necesarios.
La reprobación fue solicitada por el PP a través de una moción incluida en el pleno extraordinario celebrado a su petición. Los populares pedían además la dimisión de estos tres miembros del gobierno pero el edil de EU-Son, Lino Costas, concidicionó su voto a que se retirase la petición de dimisión.
El pleno también votó a favor de que se incoasen los expedientes de reposición de la legalidad urbanística de las tres obras. Sin embargo, no salió adelante la petición del PP de que el Concello denunciase en el juzgado estas actuaciones ilegales, porque ni ACIP ni EU-Son respaldaron la propuesta. Por su parte, el portavoz independiente, Juan Carlos González Carrera, defendió que "no se debe judicializar la política y además Patrimonio ya ha abierto expediente y la Fiscalía también está investigando".
Desde el gobierno local explican que tanto la reprobación como los acuerdos aprobados en este pleno respecto a este punto "no tendrán consecuencias prácticas" puesto que incumben a competencias de la Alcaldía y de la junta de gobierno local. Por eso, "el gobierno realizará lo que le corresponde dentro de la legalidad", afirmó Represas.
Los populares comenzaron a abordar este caso informando a la Dirección Xeral de Patrimonio de que el Concello estaba realizando obras sin contar con licencia. La primera de ellas se inició en agosto para ampliar el aparcamiento de la calle Santa Ana. "Se derribaron varias paredes traseras de los edificios que dan a la Praza Maior, hicieron grandes movimientos de tierra para la adecuación de los terrenos y se construyeron distintas rampas",advierten desde el PP, "y todo ello en las proximidades de la antigua capilla de San Gregorio".
La segunda obra para la que el Concello debería haber solicitado permiso de Patrimonio, y según el PP no lo hizo, corresponde a la colocación de una barandilla y señalización en el puente de Cabalón, en Angoares. "El gobierno, rey de la improvisación, tampoco tenía permiso para hacer esta obra y cuando fue alertado, paró los trabajos pero ya se habían hecho 16 agujeros", explica Solla, quien critica que "el alcalde en lugar de reconocer el error optó por echarle la culpa a la empresa, diciendo que empezó los trabajos sin avisar".
En tercer lugar, los populares responsabilizan al gobierno de haber allanado unos terrenos de la Comunidade de Montes de Xinzo, previo convenio firmado con el Concello, para acondicionarlo como aparcamiento sin contar con permiso de Patrimonio ni de Fomento a pesar de estar en área de afección de la N-120.
