CONDADO PARADANTA

Mera recurre a la Audiencia para recuperar el atrio de Guillade

-El Juzgado de Ponteareas archivó el caso de forma provisional -Quiere que la zona se reponga como estaba antes de 2003

03.07.2016 | 02:00
Aspecto del atrio de Guillade, antes de 2003 y en la actualidad. // D.P.

El abogado ponteareano, Roberto Mera, que ejerce, de motu propio, la acusación particular en el caso del atrio de Guillade, anunció ayer que recurrirá a la Audiencia de Pontevedra para que se reabra el caso archivado provisionalmente por el Juzgado de Ponteareas.

"Perdemos una batalla, pero no la guerra", aseguró el que en su momento fuera teniente de alcalde de Ponteareas que recordó que con esta acción judicial buscar recuperar el atrio a la situación anterior a 2003.

Mera recordó que "la destrucción del conjunto funerario de la Iglesia de Guillade es una aberración y una barbaridad. No lo digo yo, lo dicen los informes del propio obispado, los informes de los técnicos de Patrimonio, los informes de catedráticos de historia del arte y el sentido común. Sólo desde la ignorancia supina y la barbarie urbanística se puede entender semejante agresión al patrimonio cultural cometida por la Iglesia y el cura. Y sólo desde comportamientos corruptos y prevaricadores se puede explicar que González Solla no hubiera hecho cumplir durante años a orden de restauración y que el exdirector general de Patrimonio, con todos los informes técnicos en contra, autorizara personalmente la legalización de la barbaridad", afirma textualmente.

Roberto Mera aclaró que "la vía penal es una vía en la que se debería depurar, cuando menos, el escándalo de la Dirección Xeral de Patrimonio. Y no lo digo yo, lo dijo la propia Audiencia Provincial que rechazó hace meses un recurso de González Solla e indicó que había que investigar la actuación del Director Xeral de Patrimonio y su cambio de postura, ya que primero sancionó al cura y le ordenó recuperar el atrio y después, cuando el cura y el exalcalde se miraron contra las cuerdas en el Juzgado, decidió legalizarle la salvajada cometida en el atrio para evitarle esos problemas judiciales".

Por eso, el abogado considera que "no tiene sentido que en cuatro años de instrucción sólo se hubiera llamado a declarar a José Castro y la arquitecta municipal que poco o nada tenían que aportar al asunto y que, sin embargo, no se llame a declarar, como pidió reiteradamente esta acusación, ni a los técnicos de la Xunta y del Obispado que informaron en contra de la legalización de la obra ni al ex director xeral que la autorizó con todos esos informes en contra".

Para Mera nos encontramos delante de una actuación "impulsada, promovida y consentida por personajes eclesiásticos, políticos y vecinales de otros tiempos, que piensan que se puede destrozar patrimonio arquitectónico del siglo XVIII (dato negado por la defensa del párroco y el alcalde) porque las losetas de piedra son viejas e irregulares, son impracticables para zapatos de tacón y ensucian los pes de los feligreses, porque esos son los grotescos argumentos que se dieron para levantar el conjunto funerario".

Según el letrado "lo lamentable es que las instituciones encargadas de velar por la protección del patrimonio, como la Dirección Xeral o el Ministerio Fiscal especializado en delitos contra el Patrimonio, miren para otro lado ante una aberración como esta, lo que contrasta con el ensañamento con el que se emplean estas instituciones cuando algún ciudadano comete alguna infracción en esta materia".

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