Las cuentas relativas al ferry transfronterizo que une la localidad gallega de A Guarda y la portuguesa Caminha, activo desde el año 1995, son objeto de investigación por parte del Juzgado de Instrucción Nº1 de Tui, después de que este admitiera a trámite una denuncia interpuesta por Xosé María Martínez Rodríguez contra José Domínguez Freitas, alcalde de A Guarda entre 2007 y 2015, y Montserrat Magallanes, actual concejala de Hacienda. Martínez no ocupa cargo público alguno pero sí es militante de Converxencia Galega, formación galleguista que cuenta con representación en la corporación local guardesa y que asumirá los gastos que puedan derivarse en caso de abrirse una causa judicial. "A nuestro entender es más que probable que exista un delito de falsificación de documentos públicos y de prevaricación", afirma Martínez, quien también asegura que "hace más de 10 años que no es posible consultar las cuentas del ferry en ningún documento municipal y los pagos que supuestamente se han efectuado a la Cámara de Caminha a lo largo de los últimos años no figuran ni en las liquidaciones de las cuentas anuales ni tampoco en los presupuestos municipales, por lo que interpretamos que el actual gobierno local (socialista) podría haber estado falseando ambos escritos".

El protocolo firmado entre los dos municipios hace ya 21 años para la puesta en marcha del servicio de conexión por ferry entre ambos establece que los gastos de explotación del mismo deben ser compartidos a partes iguales por las dos localidades. Sin embargo, tal y como reconocen José Domínguez Freitas y Montserrat Magallanes en un comunicado conjunto, "el Concello de A Guarda no aportó nada entre los años 2000 y 2007", generando así una importante deuda con el municipio portugués durante los años en que el Partido Socialista todavía no tenía responsabilidad de gobierno. En ese comunicado, los dos denunciados explican que "no sabemos el motivo por el que durante esos 7 años se dejó de abonar la cantidad que le correspondía al Concello", informando asimismo de que "en 2010 se llega a un acuerdo con la Cámara de Caminha por la que para abonar las deudas no prescritas, realizando así entregas trimestrales de lo recaudado en nuestra billetería y evitando que la propia deuda aumentara todavía más". Tanto Freitas como Magallanes consideran una "medida prevaricadora no abonar las cantidades no prescritas que se le deben a la Cámara Caminhense, además de un enriquecimiento ilícito por parte de nuestro Concello". Los dos declararon, en calidad de testigos, el pasado mes de abril en el Juzgado Nº1 de Tui y confían en que, después "de las declaraciones y de la documentación justificativa solicitada por el Juzgado, se archive la denuncia".

El ex regidor guardés y la actual responsable de Hacienda quisieron hacer hincapié en que respondieron a todas las preguntas formuladas por el juez y dejan claro en su comunicado que la denuncia se refiere a "un presunto delito de prevaricación", descartando la falsedad documental a la que también apunta el denunciante.