Los recuerdos de toda una vida guardados en unas cajas. Es lo que les queda a los últimos diez vecinos de Chapela expropiados por las obras de ampliación de la autopista. En los últimos días varios de los afectados ya comenzaron a recoger sus viviendas ante la inminencia de los derribos, previstos para el próximo mes. El plazo límite para desalojar las propiedades concluye el próximo día 29, entre los que se incluye el restaurante A Dorna que ya cerró sus puertas.

Uno de los más perjudicados es el propietario del local de hostelería, que durante la semana pasada recogió todo el mobiliario de su negocio y de su casa, situada en la planta superior, dejando atrás años de trabajo y vivencias. "Es una pena pero no nos dieron alternativa. Lo que me preocupa no es la casa, porque compré en otro lugar, lo grave es que me quedo sin trabajo cuando tenía un negocio en funcionamiento que era mi medio de vida y el de mi mujer", lamenta José Luis Piñeiro. Al menos en su caso, con 60 años, podría jubilarse en el plazo de un año porque tiene treinta de cotización como patrón de pesca, pero su mujer, con 56 años, todavía está a falta de nueve para la retirada. "Nos quedamos en una situación complicada porque los autónomos no tenemos derecho a paro y mi mujer a su edad es difícil que encuentre otro trabajo, Y aunque gracias a que aguantamos hasta el final conseguimos que se incrementase la indemnización, con lo que recibimos solo me da para comprar una casa, no para volver a montar un negocio", explica.

Otro de los vecinos de la Estrada do Torreiro afectados por la expropiación, Roberto Villar, todavía no comenzó la mudanza porque todavía se encuentra inmerso en la reforma del que será su próximo hogar, en Vigo. "Estamos haciendo las cosas a contrarreloj desde el acto de la firma de las actas de expropiación, el pasado mes de febrero. Nuestra intención era quedarnos en Chapela pero la indemnización no nos da para adquirir una casa y apenas hay terrenos urbanizables disponibles", indica. Aunque nunca quiso abandonar su casa, asegura que no tuvieron más remedio. "Éramos conscientes de que tarde o temprano tendríamos que abandonar, y llegamos hasta el límite. Pero al final no nos quedó más opción que firmar porque era como si nos pusieran una pistola en el pecho: o cogíamos lo que nos ofrecían o íbamos a juicio. Fue muy duro tantos años de incertidumbre, y aunque logramos subir las ofertas iniciales, la realidad es que no da como para comprar algo similar en Chapela, que es lo que queríamos todos", afirma Villar.

Pese al alivio tras tantos años de presión, lamenta que al final nadie saliese contento. "La firma de las actas fue muy traumático y a mucha gente le saltaban las lágrimas porque tenían que dejar sus casas, su barrio y su vida. Pero por desgracia para la administración solo somos un número", concluye.