El Concello de Gondomar debe medio millón de euros a la Xunta desde hace una década y una sentencia judicial lo obliga ahora a afrontar el pago. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo lo condena a abonar 500.000 euros a Augas de Galicia por incumplir su parte en un convenio firmado por el exalcalde del PP Carlos Silva para instalar colectores de saneamiento en todas las parroquias. Le impone además 700 euros por las costas judiciales, a las que se sumarán otros 6.000 euros por los gastos de la asistencia jurídica en el proceso.
La sentencia desestima un recurso interpuesto por el Ayuntamiento en 2012 contra el requerimiento de Augas de Galicia, que exigía al Ayuntamiento la citada cantidad. El Concello alegó ante el juez que la deuda había prescrito y que el director del organismo autonómico no era la persona competente para firmar la resolución.
El magistrado rechaza ambos argumentos. La ley de haciendas locales establece cinco años de prescripción para este tipo de deudas, pero en este caso existe un reconocimiento de la misma por parte del Concello en 2010, por lo que el fallo judicial considera que el cómputo del plazo se iniciaría nuevamente desde esa fecha. Habría prescrito el pasado mes de mayo, pero el asunto se judicializó en 2012. En relación a la capacidad del director de Augas para efectuar la reclamación, el magistrado aclara en el fallo que sí es competente para ello.
Compromiso de pago de 2005
El compromiso de pago del Ayuntamiento de Gondomar se remonta a finales de 2005, cuando Carlos Silva rubricó el acuerdo de colaboración con Augas por importe de un millón de euros. El documento establecía la cofinanciación de los proyectos al 50 por ciento entre ambas administraciones. La Xunta se encargaría de la tramitación y contratación de los trabajos en 2006, mientras que el Concello debía poner a su disposición los terrenos. En la actualidad, las tuberías se encuentran operativas porque Augas efectuó lo establecido, pero todavía no ha recibido el ingreso por parte del Concello.
Los presupuestos municipales de 2005 y 2006 recogían partidas para asumir estas obligaciones, que desaparecieron en los de 2007, por lo que el gobierno del BNG, que accedió a la Alcaldía aquel año, operó durante dos ejercicios sin conocer la existencia de la deuda, según denunció en su momento el hoy teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo.
Fue en 2010 cuando técnicos de Medio Ambiente realizaron una auditoría para rastrear las deudas de los ayuntamientos y la Empresa Pública de Obras e Servicios Hidráulicos de la consellería requirió el pago de la suya al de Gondomar. Por aquel entonces, el teniente de alcalde, el tránsfuga del PSOE Alfonso de Lis, respondió al departamento autonómico en calidad de regidor accidental con un escrito en el que mostraba su conformidad, pero tampoco se ordenó el pago. Este reconocimiento de la deuda por parte de aquel gobierno municipal fue el que puso precisamente el contador del plazo de prescripción a cero.
Así que dos años después, ya durante el mandato del anterior alcalde, el popular Fernando Guitián, la Xunta volvió a reclamar y el Concello interpuso el recurso judicial que el magistrado acaba de desestimar.
