La Cofradía de Pescadores "San Juan" de Redondela celebró ayer una multitudinaria asamblea para informar a sus socios sobre las alegaciones presentadas al anteproyecto de Lei de Acuicultura de la Xunta ante el grave perjuicio que causará al sector pesquero y marisquero redondelano.
El patrón mayor, Clemente Bastos, expresó su firme rechazo a la propuesta de la Consellería do Mar al considerar que pone en peligro el futuro de más de trescientas familias que viven directamente de la pesca y el marisqueo en el municipio, y también solicitó el respaldo de todos los partidos políticos, que estuvieron ayer representados en la reunión.
La abogada del colectivo de pescadores leyó la alegación presentada por la Federación Provincial de Cofradías contra el anteproyecto de Lei de Acuicultura en la que piden su retirada al considerarlo "impreciso, incierto, ambiguo, carente de memoria e informes multidisciplinares sobre su necesidad y oportunidad", además de recalcar que vulnera los intereses socioeconómicos de los miembros de los pósitos, "tanto desde el punto de vista del sector pesquero como desde la perspectiva del sector de mariscadores".
El texto presentado explica que la citada ley pretende regular la gestión de la acuicultura "de una forma que está claramente dirigida a las grandes empresas acuícolas (acuicultura industrial), las cuales tienen la capacidad económica, técnica y de infraestructuras suficiente para poder presentar proyectos de viabilidad económica y productiva del sector de la acuicultura, situación que difiere absolutamente con la gestión de la actividad marisquera y de la pesca artesanal".
Además señala que el anteproyecto de ley "no nace del diálogo y el compromiso con todos los agentes implicados, sino de las reivindicaciones de los lobbies (grupos de presión) del ámbito industrial de la acuicultura nacional e internacional".
Otro de los argumentos que utilizan en las alegaciones es el reglamento de la Unión Europea sobre la política pesquera común, que aboga por mantener las normas vigentes para preservar las actividades pesqueras tradicionales de las que depende en buena medida el desarrollo social y económico de las comunidades costeras, por lo que los estados miembros "deben esforzarse por ofrecer un acceso preferencial a la pesca a pequeña escala, artesanal y costera".
