El anterior alcalde de Nigrán, el popular Alberto Valverde, defendió ayer por la mañana ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo la legalidad de la adjudicación del servicio de grúa por la que el exregidor permanece imputado, acusado por la Fiscalía de un presunto delito de prevaricación administrativa.

El fiscal, que actuó a instancias de una denuncia del portavoz municipal de Unión Centrista de Nigrán, Antonio Fernández Comesaña, también señala al jefe del departamento municipal de Contratación, Álvaro Reinaldo, que supervisó la adjudicación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública.

Según señala el fiscal, Valverde -que ayer no atendió a este diario- habría infringido la ley de contratos del sector público al fraccionar el contrato, pese a las advertencias del interventor municipal, para evitar ofertarlo mediante un concurso abierto.

Así, tras solicitar varias ofertas, adjudicó el servicio a una empresa de Baiona dos veces, la primera, por un año, en septiembre de 2012 por un importe de 17.990 euros, diez por debajo del límite que fija la ley para que sea obligatoria la licitación pública. Sin embargo, la empresa cobraba aparte servicios extras, fuera de horario o en domingo, con lo que el precio total del servicio, según la Fiscalía, superaba los límites legales.

Responsabiliza al funcionario de idear un sistema de vales para los contratos de menos de 540 euros con los que el Concello habría pagado retiradas de vehículos a demanda desde 2014.