El Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo suspendió ayer por segunda vez la vista contra un promotor inmobiliario baionés, Fernando G. C., administrador único de Promociones Colmeiro y Martínez S.A., al que Hacienda acusa de defraudar más de 400.000 euros en las declaraciones del IVA de la empresa durante el ejercicio de 2010. El ministerio fiscal solicita para él una pena de 2 años de cárcel, además de una multa de 410.000 euros, sanción que considera que debería satisfacer, en la misma cuantía, la empresa, a la que atribuye el mismo delito contra la hacienda pública.
A estos 820.000 euros, el fiscal calcula que deberían abonar una indemnización a la Agencia Tributaria por importe de la cantidad defraudada (402.730,60 euros), con lo que el montante económico ascendería a más de 1,2 millones de euros.
La no comparecencia de dos testigos impidió el inicio de la sesión, a la que fueron llamados a declarar una docena de afectados por la comercialización de viviendas de un edificio que la promotora construyó en Gondomar sobre una parcela ubicada en la carretera de A Ramallosa -polígono 1- que el Concello le cedió en 1994 a cambio de otra de inferior valor. La conflictiva permuta acabó en un contencioso con la administración local, que resolvió una sentencia de 2010 que obligaba a la empresa a indemnizar con 700.000 euros al Ayuntamiento para compensar la diferencia de valor de los terrenos.
Este proceso judicial no impidió al promotor seguir comercializando los pisos. Algunos de los compradores recordaban ayer en el exterior de los juzgados que existen sentencias firmes contra la inmobiliaria en las que se le obliga a devolver cantidades de dinero que entregaron como señal o como pagos parciales durante la obra tras desistir de la compra de los pisos.
El edificio llegó sin embargo a completarse y sus propietarios ocuparon las viviendas, que, según denunciaron en su momento, sufren deficiencias graves.