CONDADO PARADANTA

Solla defiende que su asistencia judicial la asuma el letrado del Concello

El alcalde de Ponteareas niega que su caso sea igual al del Concello de Santiago, donde se inhabilitó a 7 concejales del PP por aprobar el pago del abogado defensor de un edil

17.06.2014 | 00:50
González Solla.

El alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, asegura que "no tienen ningún punto de comparación" su caso y el del Concello de Santiago, en el que fueron inhabilitados siete concejales del PP por aprobar el pago con fondos municipales de un abogado para la defensa de otro edil popular, implicado en el caso Pokemon. Solla explica que en Santiago la contratación se refería a un abogado externo y al pago de sus minutas y, además no se daban los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo para que el Concello pudiera asumir ese tipo de gasto. Por el contrario, Solla asegura que en su caso, la defensa la asume el letrado del Concello de Ponteareas, que es un funcionario en propiedad y que, además, en su día realizó "las propuestas correspondientes para ser designado como letrado asumiendo la representación y defensa del Concello y sus cargos políticos", afirma.

El Concello de Ponteareas puede asumir los gastos de defensa del alcalde, en los dos procedimientos penales en los que está siendo defendido Solla por el abogado municipal, porque, según asegura el regidor del PP, así lo avala una sentencia del Tribunal Supremo, del 4 de febrero de 2002.

De acuerdo con esa sentencia, los dos procedimientos que afectan a Solla están motivados por una inculpación que tiene su origen, o causa directa, en la interveción del alcalde en una actuación administrativa, o de otra índole, realizada en el cumplimiento de sus funciones atribuidas.

El primero de los casos es el de la empresa Ecocelta, que presentó una querella criminal contra el alcalde por haberle denegado una licencia; según Solla, una decisión que él efectuó basándose en informes técnicos y jurídicos existentes en el expediente. Mientras que el segundo caso en el que el alcalde está siendo defendido por el abogado municipal, es el de la paralización de una orden de demolición de obras en el atrio de la iglesia de Guillade, que, según Solla, realizó en base a los informes favorables existentes para la legalización de esas obras, una orden de demolición impuesta por Patrimonio que, dijo el alcalde ponteareano, "incluso anuló el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en un sentencia".

Además, Solla asegura que en estos dos casos no existe responsabilidad criminal. No obstante, es consciente de que si fuese condenado por estos procesos tendrá que resarcir el dinero al que ascendería la intervención del abogado municipal, un servicio que asegura que es "fácilmente cuantificable" aplicando los baremos de honorarios de los colegios de abogados, o por el tiempo intervenido.

De hecho, Solla insiste en que "somos conscientes porque de hecho, durante mi mandato se ha reclamado al anterior alcalde y miembros de la Corporación el reintegro de los honorarios de abogado y procurador del que se beneficiaron en un asunto penal en el que finalmente fueron condenados", en referencia al juicio de los "enchufados" del exalcalde Pepe Castro y sus ediles.

Feijóo y Louzán

Por su parte, el BNG ponteareano insta a Feijóo y a Louzán a pronunciarse sobre esta utilización de los medios humanos del Concello de Ponteareas "para la defensa particular de un alcalde del PP" y señala que la designación del asesor jurídico para la defensa particular de Solla por su imputación, por no hacer cumplir la orden de demolición de las obras del atrio de la iglesia de Guillade, fue tomada el pasado 28 de abril por la junta de gobierno local.

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