Sabían que corrían el riesgo de ser sancionados, pero aún así mantuvieron su negativa a aportar sus huellas dactilares, como les exigió el departamento de Personal del Concello de Ponteareas para identificar a todos los trabajadores municipales y que pusieran fichar, mediante huella digital, a la entrada y salida de sus puestos.
Todos los trabajadores aportaron sus datos excepto dos funcionarios afiliados al sindicato CIG, Berto Longueira y José Julio Rodríguez. El primero se ha jubilado a inicios de este año, así que ha quedado exento de sanción, pero no así el segundo que ha sido suspendido de empleo y sueldo durante dos meses.
La comisión de gobierno del pasado 31 de marzo resolvió el expediente disciplinario que se le había abierto por no querer cumplir con el control de puntualidad y presencia impuesto, de manera obligatoria, desde octubre de 2012, tanto para funcionarios como para trabajadores laborales.
Para cumplir con la Ley de Protección de datos de carácter personal, el Concello creó unos ficheros y, a continuación, se les comunicó a los 220 empleados municipales cuándo entraba en vigor la obligación de fichar, cuál era el número de horas de media semanal que debían hacer y se les informó que debían pasar por el departamento de Personal para que les recogieran su huella dactilar.
Los dos trabajadores expedientados se negaron desde el primer momento a fichar y, después de dos años de muchos escritos reiterándoles la obligatoriedad de hacerlo, se les abrieron sendos expedientes.
El trabajador sancionado no está trabajando este mes en el Concello y tampoco lo hará en mayo, así que tampoco recibirá su salario, al considerarse su actuación en el expediente como una falta disciplinaria grave, al no acudir de forma consciente y voluntaria a la toma de la huella dactilar, necesaria para poder controlar el horario en el que realiza sus funciones.
Una vez que se reincorpore a su puesto de trabajo en junio, deberá facilitar su huella para poder comenzar a fichar utilizando el sistema vigente como los demás trabajadores ya que, de no hacerlo, podría incurrir en un nuevo expediente y sanción y correría el riesgo de perder su puesto de trabajo.
Desde la CIG acusan al gobierno de Ponteareas por esta decisión de "represión sindical", como mostraron en el pleno de diciembre exhibiendo carteles.
