Un edificio a medio construir, situado en Portocelo, Tabagón, en el municipio de O Rosal, está en proceso de derribo por parte de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, APLU, que actúa de forma subsidiaria por orden del Juzgado de lo Penal Número Uno de Pontevedra, para ejecutar su sentencia del mes de enero de 2012, al estar situado el edificio en medio rural y en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo.
El propietario, según parece un industrial de Tui, actuó amparándose en una licencia de los años 80 del pasado siglo. Ejecutó cimentación, pilares, muro y demás elementos constructivos, con advertencias de los problemas que le acarrearía, según explico brevemente el alcalde de O Rosal, Jesús Mª Fernández Portela.
Como consecuencia del procedimiento ejecutorio ordenado por el Juzgado de lo Penal y para llevar a efecto la sentencia de enero de 2012, la APLU, organismo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, acuerda llevar a cabo la ejecución de la demolición de las obras ejecutadas y la restitución de los terrenos (muy cerca de la costa) a su estado original. La demolición se realiza con cargo al propietario, en cumplimiento de la resolución judicial.
La elaboración y redacción del proyecto de demolición fue realizada por técnicos de la APLU, para demoler íntegramente la edificación, incluida la cimentación mediante losa de hormigón armado. El importe del proyecto asciende a unos 30.000 euros que ha de pagar el propietario de la estructura.
La APLU añade que avala la postura de la Xunta sobre este organismo "cuyo objetivo no es el de derribar, sancionar y recaudar, sino contribuir a ordenar y proteger el territorio gallego, crear una conciencia social de acatamiento normativo y de respeto por la naturaleza y el cuidado del medio".
