El alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez, ha tenido que afrontar el pago de una multa de 1.500 euros por no ordenar la ejecución del derribo de una construcción en el conjunto histórico, cuya obra no se ajusta a la licencia concedida en su día por el Concello tudense. La actuación sentenciada está situada en la Praza Placer.
"Me quedé sorprendido, por no haber recibido apercibimiento previo, que seguramente habría recibido mi antecesor en el cargo. Lo que hice fue pagar enseguida la multa de mi bolsillo". Señala que le parece "injustísimo, porque es un expediente abierto en 2005 y estamos en el año 2012", pero el cargo en la Alcaldía se asume con lo bueno y lo malo.
La obra tenía licencia, pero se incumplió al ejecutarse con aumento de volumen. A raíz de una denuncia del vecino colindante, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenció devolver la construcción a su estado original. Es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra quien ordenó la demolición, otorgando diez días para su ejecución, un plazo que no se cumplió.
Después de sucesivos apercibimientos, llegó la imposición de la multa coercitiva al alcalde tudense a los pocos meses de ocupar el cargo.
En la actualidad el regidor ha requerido a los propietarios del inmueble la redacción de un proyecto de demolición de la obra sentenciada, para seguidamente remitirlo a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, a fin de que emita su informe, al tratarse de una actuación ubicada en el interior del conjunto histórico tudense.
La sentencia requiere demoler la planta superior del inmueble y reponer la cubierta para devolver el edificio a su estado original.
En el caso de que los propietarios no presenten el proyecto de demolición que se les requiere, se les impondrán multas coercitivas cada mes, la primera de 300 euros, duplicándose la cuantía en la segunda.
Si al cabo de cuatro multas siguen sin aportar el proyecto, serán los servicios técnicos municipales quienes lo redacten y el Concello de Tui procedería a la ejecución del derribo, pasando al cobro de los propietarios los gastos correspondientes.
Moisés Rodríguez considera que el proceso le parece adecuado "porque hay que defender, cuidar y proteger el valioso legado del conjunto histórico tudense". Valora que este caso marca un precedente.
Es de señalar que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) ejecutó en años atrás la demolición de una obra en la parroquia de Guillarei para cumplir la sentencia que ordenó la reposición de la legalidad.
