El Valedor do Pobo investiga la "persecución política" que el BNG de Gondomar atribuye al tripartito

N.P. / GONDOMAR N.P. ? Gondomar

Las prácticas "antidemocrátics" que el BNG lleva denunciando en Gondomar desde la moción de censura trascienden ya el ámbito municipal. El Valedor do Pobo investiga la "persecución" que los ediles nacionalistas han puesto de manifiesto en varias ocasiones, desde la "caza de brujas" en términos urbanísticos hasta los impedimentos que se encuentran a la hora de consultar documentación pública en el ayuntamiento. El organismo de la Xunta comunicó ayer al grupo municipal nacionalista la admisión a trámite de su requerimiento y anunció que realizará los correspondientes trámites ante el Concello de Gondomar en una carta con fecha del pasado día 14.

Entre las quejas que los nacionalistas formularon ante el Valedor se encuentra el acoso urbanístico. Y es que el portavoz del grupo municipal, el edil Pauliño del Río, hizo público recientemente un requerimiento de información sobre su vivienda firmado por el secretario particular del alcalde, Eladio Bargiela, militante del PP. Como motivo de su petición, el cargo de confianza aludía el hecho de que Del Río había realizado "manifestacións acusando ao goberno de Gondomar de actuacións ilegais".

Aquel episodio acabó con una comparecencia pública del concejal nacionalista en la que mostraba todos los permisos de su vivienda ubicada en la parroquia de Peitieiros, seguida de una irrupción en la Alcaldía acompañado de sus compañeros en el grupo municipal para exigir sin éxito una disculpa al regidor, el popular Martín Urgal.

Pero antes de la denuncia de Bargiela los nacionalistas ya habían informado de las trabas del tripartito PP-PSOE-Move Gondomar a su labor de fiscalización del gobierno con una circular del regidor dirigida a los funcionarios en la que les instaba a impedir el paso a los concejales del Bloque a las dependencias municipales

Días más tarde, Del Río y representantes del tripartito protagonizaban una discusión frente a la fotocopiadora de la casa consistorial porque, según el BNG, se les impedía copiar documentos.