La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos ha prorrogado un mes más -y ya van seis- el secreto de sumario para investigar las sobrecomisiones "elevadísimas" que cobraban los mediadores de los ERE. Además, Alaya ha dicho que la "ingente" cantidad de documentación intervenida puede abrir nuevas líneas de investigación en un caso que suma ya 60 imputados, entre ellos siete ex altos cargos socialistas. Una sima de corrupción institucionalizada en la Junta de Andalucía, apuntalada por Izquierda Unida (IU), que parece no tener fondo ni final.
