La presunta cabecilla de una red de inmigración ilegal guatemalteca, dirigida por un clan familiar que introducía en Vigo a ciudadanos de su país, a los que cobraba importantes cantidades de dinero por permisos de residencia falsos o cartas de invitación, envió a su marido que reside en Guatemala 9.300 euros entre octubre de 2016 y agosto de 2018, pese a que ya estaba investigada en la causa, según recoge el informe económico aportado a la causa judicial por el grupo Ucrif de la Policía Nacional. Una cantidad considerada elevada dado que oficialmente no se le conoce ningún trabajo.
Este informe pone fin a las pruebas a practicar en la fase de instrucción de una causa abierta por favorecimiento de la inmigración irregular, que cuenta con una quincena de investigados (casi todos de la misma familia) y cuatro testigos protegidas (otras dos personas, familiares directos de los principales investigados, fueron apartadas al considerarse que en realidad lo que hacían era facilitar información a los investigados). Las víctimas debían pagar a sus captadores hasta 6.000 euros por las cartas de invitación.
La investigación sobre este clan, que encandilaba a sus víctimas con promesas de sueldos de hasta 1.500 euros como internas dedicadas al servicio doméstico, llevó a la Policía Nacional a estudiar durante varios meses a todos los guatemaltecos que viajaron a Vigo y se detectaron unas 30 víctimas.
