Después de siete años de una larga y complicada instrucción por parte del pequeño juzgado de Caldas, la Audiencia de Pontevedra iniciar hoy la vista oral contra una de las mayores tramas dedicadas al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico desarticuladas en Galicia. Aquel operativo se bautizó como "Operación Cormorán" y llevó a la Fiscalía a formular acusación contra 36 personas, entre ellos el supuesto líder de la organización, José Antonio Pouso Rivas, alias "Pelopincho". Se trata de un camarero riveirense que ya fue condenado por dos sentencias firmes de la Audiencia Nacional a 4 y 8 años de prisión por transporte de hachís y cocaína.

El juicio arrancará hoy en la salón de plenos de la Diputación Provincial para poder dar cabida al ingente número de procesados a los que el fiscal acusa de actuar como testaferros de "Pelopincho". De los 36 acusados contra los que se formulaba acusación, un total de 33 se sentarán en el banquillo. Uno de ellos, la madre de Pouso Rivas, falleció, y tampoco acudirá el propio "Pelopincho" ni el que se consideraba como uno de sus principales colaboradores, el abogado pontevedrés Manuel Franco Argibay.

Del primero se desconoce su paradero desde noviembre. De hecho, su propia familia denunció recientemente su secuestro. y desaparición. La Policía no descarta que esta pudiera haber sido forzosa, debido a los negocios turbios que al parecer el riveirense se traía entre manos. Aunque esta hipótesis cobra cada vez más fuerza, se desconoce a ciencia cierta si se trata de una tapadera y Pouso Rivas ha huido, si ha sido secuestrado o incluso si han acabado con su vida. Con todo, la Fiscalía ordenó que se dictase una orden de busca y captura para localizarlo.

En cuanto a Franco Argibay, el letrado huyó poco después de ser puesto en libertad con cargos por esta misma causa. Las últimas informaciones lo sitúan en Brasil, concretamente en la zona de Salvador de Bahía, según indicaron distintas fuentes.

Tras la jornada de hoy, la vista oral se podrá retomar el 29 de junio ya en la sede de la Audiencia Provincial. Y es que se espera que se rebaje considerablemente el número de acusados tras esta primera sesión del juicio. Las defensas de los imputados han venido negociando en los últimos meses un acuerdo con el Ministerio Fiscal que les permitirá reducir la pena a cambio de su confesión.

El fiscal especializado en delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, cuenta en principio con que 22 de los 33 acusados se conformen con esta reducción de la condena, con lo que el juicio se habrá terminado para ellos. En principio, la Fiscalía solicitaba penas de entre cuatro y seis años de prisión para cada uno de los implicados que en total suman 182 años de cárcel. También está en juego el pago de multas por valor 144 millones de euros. Según la versión del fiscal, Pouso Rivas se habría concertado con el resto de acusados para ocultar su importante patrimonio procedente de la supuesta actividad de tráfico de drogas. El patrimonio intervenido, con numerosos inmuebles, coches, fincas, obras de arte y dinero en efectivo, ascendería a 12 millones de euros.