Los abogados y las activistas en contra de la violencia machista de Vigo están de acuerdo en que, en contra de lo que pedía esta semana Susana Díaz -a raíz de la situación en la que se encuentra Juana Rivas-, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no se debe modificar, aunque ambos colectivos alegan motivos diferentes.
Por un lado, Lola Santana, asesora jurídica de la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo, hace hincapié en que el problema es que "la justicia española no quiera investigar el caso y se limite a cumplir los mandatos del tribunal italiano", es decir, que únicamente remitan la orden de entrega de los menores. Afirma, también, que el padre de los hijos de Rivas en ningún caso debería tener la custodia de los menores, teniendo en cuenta que fue condenado por malos tratos contra ella en el año 2013.
No lo cree así Alejandro Vega, socio director del Área de Derecho Penal del despacho Criado del Rey Abogados de Vigo, que insiste en que "la ley ya prevé mecanismos más que suficientes para actuar en casos de violencia de género y de protección del menor" y achaca al mal asesoramiento que recibió la madre que la situación haya llegado a este límite.
Tardanza
"No sirve de nada que se apruebe un gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género si la realidad práctica es que los informes sobre las mujeres y los menores maltratados tardan en redactarse entre 6 y 8 meses", explica Lola, dejando entrever la lentitud burocrática española, que se acentúa especialmente en el ámbito jurídico. Esta resulta ser una de las piezas claves en este caso, teniendo en cuenta que la última denuncia por malos tratos de Rivas -realizada hace ya más de un año- no se expidió a la justicia italiana hasta el pasado mes de julio.
Pese a todo, Alejandro desmiente que los niños estén desprotegidos: "Si Rivas consideraba que el padre era alguien peligroso para sus hijos, lo que tenía que haber hecho era acreditarlo y motivar un procedimiento de modificación de medidas". Incluso si fuese necesario, el abogado explica que podría haber presentado una solicitud de protección urgente del menor, pidiendo que se le atribuyera a ella cautelarmente la custodia de los niños.
Por su lado, Lola Santana critica que no se le dé la importancia suficiente al testimonio del menor de 11 años "que podría ser crucial si se evaluase su madurez de forma adecuada: con un equipo multidisciplinar y formado adecuadamente".
Sin embargo, la realidad es que solamente un psicólogo evalúo al menor, pero no para que su declaración fuese definitiva, sino para avanzar en el caso y verificar su salud ante una situación que sin duda le sobrepasa.
Pese a que trazar esa línea que delimite hasta donde llega la madurez del hijo mayor de Juana Rivas resulte complejo, parece que las asociaciones contra la violencia machista están de acuerdo en que durante este periodo en que los menores están bajo la custodia del padre, podrían estar sufriendo una alineación parental. Es decir, se debe tener en cuenta que, en esta situación, el padre podría utilizar a los menores como "arma" para seguir maltratando a su pareja a distancia e influirles a ellos sobre qué pensar acerca de este conflicto parental tan mediático.
Con todo, Alejandro defiende que las declaraciones de los menores en este tipo de casos no pueden ser suficientes para tomar una decisión: "Dando por buena la versión en la que se define a Francesco Arcuri como un maltratador, ese hecho por sí mismo no inhabilita a un señor para cuidar a sus hijos. Puede ser un dato que, junto con otros, pueda privarlo de la patria potestad, pero considerarlo por sí mismo como defintivo, sería una aberración y podría dar lugar a muchas desviaciones y abusos de la ley".
