Casi cuatro años después de que, tirando del hilo de unos anónimos, la unidad de Asuntos Internos iniciase la investigación que desveló una supuesta trama de corrupción en la Comisaría de Policía de Ourense, la Fiscalía ha completado la acusación relativa a la operación Zamburiña contra el narcotráfico. En esta causa están imputados cuatro agentes del grupo de estupefacientes, incluido el inspector jefe de la unidad, y los nueve integrantes de dos bandas destinadas al tráfico de drogas y consideradas por la acusación como grupos criminales.
Trece imputados para los que la Fiscalía solicita penas que suman un total de 102 años de prisión, de los que siete y medio corresponden al exjefe antidroga, Antonio R.F., acusado de un delito contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. El inspector estaba al frente del grupo pero no por ello afronta una acusación de mayor entidad. La fiscal señala también a sus compañeros Felipe M.A. (siete años y nueve meses) y Herminia Mercedes C.G. (seis años y tres meses), añadiendo al primero la acusación de tenencia ilícita de armas. La petición para los tres incluye multa de 300.000 euros por el delito de drogas e inhabilitación absoluta durante 15 años en el caso de Antonio R.F. y de 12 en los otros dos, además de multa de 6.480 euros y 3 años de inhabilitación por revelación de secretos.
El cuarto agente implicado es José Antonio R.F., implicado únicamente en la posible revelación de secretos, por lo que se enfrenta a una posible pena de 5.400 euros de multa y dos años de inhabilitación.
Entre los presuntos traficantes implicados, la principal imputada es Josefa P.G., alias Pucha, acusada de pertenencia a un grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, para quien la fiscal solicita la pena más abultada: 13 años de prisión. Esta lideraba uno de los dos grupos identificados en la trama, que se completa con Rachid E., María B.G., Xacobe B.F. y José V.V. como proveedor habitual. El segundo, encabezado por José Ramón R.R., alias Tronquito, estaría integrado por Estrella G.D., Francisco Javier G. y la proveedora Fátima G.M..
La investigación que promovió Asuntos Internos sobre diversos agentes de la Policía Nacional de Ourense comenzó en noviembre de 2014 a raíz de los anónimos que revelaban una supuesta trama corrupta en la que también se destapó el robo de armas en Comisaría que daría lugar después al suicidio de un agente que ahora se investiga como un posible homicidio con dos policías hermanos gemelos como sospechosos.
Así, las averiguaciones iniciadas por Asuntos Internos destaparon actuaciones "sumamente anómalas, al margen de todo control y de la ley" que fueron trasladadas al Juzgado de Instrucción 1 de Ourense que en marzo de 2015 autorizó los pinchazos telefónicos y acordó el secreto de las actuaciones.
Conversaciones interceptadas, numerosas vigilancias y acceso a bases de datos, relata la fiscal Pilar Manso en el escrito de acusación de la Zamburiña, revelaron una "mecánica común de actuación" en la que el exjefe antidroga y otros dos agentes del grupo de estupefacientes imputados "mantenían con personas dedicadas al tráfico de sustancias nocivas para la salud una colaboración simbiótica" en la que los policías, "aprovechándose de su cargo" supuestamente prestaban y daban cobertura a las distintas actividades que desarrollaban el resto de acusados.
A través de esta relación de complicidad, y siempre según la versión de la Fiscalía, los narcos recibían "protección" en sus operaciones e información sobre actuaciones policiales, al tiempo que "eliminaban competencia" a través de la detención de personas que se dedicaban a lo mismo. Planificaban y concretaban objetivos juntos de tal modo que los narcos veían favorecida su actividad y los agentes imputados conseguían "crédito corporativo" al llevar a cabo operaciones policiales "aparentemente exitosas sin apenas esfuerzo". Entre los "reconocimientos profesionales" reportados por este supuesto 'conchabeo' la fiscal cita el hecho de que cuando arrancó la investigación, el acusado Antonio R.F. estaba destinado en la brigada de Seguridad Ciudadana pero, a los pocos días, fue nombrado jefe del grupo de estupefacientes.
Era este, señala la fiscal, quién decidía contra qué personas dirigir las investigaciones. En esa lista nunca se incluían los supuestos colaboradores de esta trama "pese a tener total conocimiento de las operaciones que realizaban con tiempo de antelación suficiente".
Sostiene la acusación que el jefe antidroga llevó a cabo "toda una serie de actos" tendentes a "asegurar" el resultado de las actividades de ambos grupos de traficantes, a los que incluso llega a asesorar sobre la forma de actuar para que la compraventa de droga se produzca con éxito y "total impunidad".
Según la Fiscalía, Antonio R.F. mantuvo una colaboración "directa" con la Pucha, Tronquito y los dos principales proveedores, cuatro personas dedicadas al tráfico de drogas que, de manera puntual, colaboraban también entre ellos "previa conexión entablada" por los tres agentes acusados que les daban "cobertura y protección". Esta situación, refleja la fiscal en su escrito, era tal que "llegó a ser 'vox populi' en el mundillo del tráfico de estupefacientes".
