Un escarmiento directo al bolsillo, sin condena previa, que los imputados no olvidarán. Casi un año con el negocio cerrado ha dejado a los comerciantes de A Pedra en la mayor precariedad, mientras la 'Operación Cuarzo' va camino del limbo judicial en el que acaban este tipo de macrorredadas. No por falta de trabajo de las fuerzas de seguridad, ni de jueces, fiscales y funcionarios, sino por su complejidad. Las 20.000 prendas intervenidas deben ser cotejadas una a una y cada "marca" -las principales afectadas por la actividad ilegal- aportar la correspondiente documentación. En este caso los investigadores deben realizar, además, el seguimiento patrimonial de cada uno de los 65 imputados. Sin medios suficientes y con tantos acusados, muchos de los protagonistas estarán ya jubilados cuando toque ir a juicio.
OPINIÓN