La operación Sparrow I se llevó a cabo en marzo de 2015. En aquel entonces los agentes entraron en la sede de Vidal Armadoras y otras empresas por pescar de forma ilegal en aguas de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (Ccamlr, por sus siglas en inglés). Sin embargo, una de las sociedades intentó apelar sin éxito por aquel registro alegando que "se extralimitó la labor de inspección".
En aquella ocasión se recabaron más de 3.000 documentos y los registros se saldaron con una propuesta de resolución sancionadora de 48 infracciones administrativas a operadores españoles, 44 de ellas de carácter muy grave, por un valor de 17,84 millones de euros.