- Los concellos grandes no se han mordido la lengua. ¿Se lo esperaba?

- De algunos. Otros concellos grandes dicen todo lo contrario, que están de acuerdo. Como Pontevedra, y no estoy hablando de la parte nacionalista del cogobierno de la ciudad, sino de la concejala de Urbanismo, socialista, que dijo que era una norma valiente. La sociedad tiene claro lo que hay detrás de esto.

- ¿Color político?

- No, no. De ciertos intereses de parte de algún sector económico. No podemos repercutir los intereses de 100, 200 o 500 personas que a lo mejor tienen un solar para veinte viviendas y le salen ahora 18, y poner eso por encima de los intereses de los ciudadanos.

- ¿Se ha sentido respaldada en todo momento por todo el Gobierno gallego?

- Por supuesto. Es un decreto aprobado por todo el Gobierno gallego.

- El presidente habló de diluir los plazos. ¿A qué se refería? ¿Una moratoria?

- No, no. El presidente lo explicó bien. Existe un comité asesor y ciertas excepcionalidades. No se habla de moratorias. Hubo mucha confusión. Hemos tenido encuentros en la consellería, con representación incluso del sector promotor, y después de la reunión decían "es que no sabíamos que era así". Se sorprendían. Para eso está el comité asesor.

- Seguirán siendo los concellos los que vigilen por el cumplimiento.

- Igual que lo hacían antes.

- Hay un plan de la consellería para ayudarles en medios. Pero, ¿no será un problema en los pequeños?

- Lo tenían difícil hasta ahora y ninguno reclamó ayuda. Ni cuando entró el vigor el decreto de 1992. Nosotros somos conscientes de esos problemas y este año tenemos presupuestado un millón de euros en ayudas para que contraten técnicos.