El recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez sufrió ayer su primer choque institucional. Fue con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que supone llover sobre mojado después de que la propuesta de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado desatara las suspicacias en todos los ámbitos de la justicia.
El choque institucional tuvo tres tiempos. Primero el vicepresidente Pablo Iglesias aludió en una entrevista a las resoluciones de los tribunales europeos que han dejado "en mal lugar" a la justicia española, lo que, en su opinión, constituye una "humillación para el Estado". El CGPJ contestó con un comunicado en el que "moderación, prudencia y mesura", además de "responsabilidad institucional". El Ejecutivo de Sánchez cerró filas en este encontronazo con una nota de réplica en la que defiende "el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica" y aprovecha para instar al PP a que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
"Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español". Esa afirmación del vicepresidente Iglesias respecto a los reveses de la justicia española en el ámbito de la UE por asuntos relacionados con el proceso secesionista catalán tuvo respuestas a través de una nota formal, algo inusual, que suscriben el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y los siete vocales de la Permanente (tres de ellos elegidos a propuesta del PSOE, como el exdiputado Álvaro Cuesta). El escrito reclama "la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de quienes "integran el Poder Judicial".
El CGPJ matiza al vicepresidente segundo del Ejecutivo que sólo hubo resoluciones europeas relativas al "procés". Una es la sentencia del TJUE que, en respuesta al Supremo español, estableció que la inmunidad de los europarlamentarios comienza cuando son elegidos. La otra fue del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al confirmar la decisión del Constitucional de suspender el pleno del Parlament de 9 de octubre de 2017. Respecto a las euroórdenes cursadas en el intento de traer de vuelta a España a Puigdemont y a los consejeros huidos, el órgano de gobierno de los jueces apunta que no hay respuesta definitiva ni por parte de Bélgica en el caso de Puigdemont y Comín, ni de Escocia, en el de Clara Ponsatí. Solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, entregar a Puigdemont por rebelión, aunque sí asumía su entrega a España por malversación.
El Consejo General del Poder Judicial no suele prodigarse en sus respuestas al Gobierno. Lo hizo en 2015 con el entonces ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, y en 2017 con el de Justicia, Rafael Catalá: uno, por sus críticas a la excarcelación del etarra Santi Potros y el otro, contra uno de los jueces del tribunal de la Manada. El Gobierno de Pedro Sánchez solo necesitó tres días para recibir un tirón de orejas de la Comisión Permanente del CGPJ.
Tras hacerse pública, el Ejecutivo emitió una breve declaración en la que apela al consenso parlamentario para renovar los órganos judiciales. "Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno, evitando que su acción se resienta por el bloqueo. En esa actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde está el Gobierno y donde pedimos que también esté la oposición", señala el texto.
La respuesta del Gobierno es una primera muestra de la voluntad de cerrar filas antes quienes auguran potenciales fisuras. Y sirve también para instar al PP a que acceda a consensuar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional, órganos en los que hay miembros cuyo mandato ya caducó.
En respuesta a esta declaración, fuentes del Consejo General del Poder Judicial recuerdan que "el Consejo no es ningún obstáculo para su propia renovación y que el presidente se ha dirigido hasta en tres ocasiones -la última el pasado 23 de diciembre- a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que se pongan a ello".
