Joaquim Torra está dispuesto a "pagar el precio que sea" por la "conquista de derechos y libertades" en Cataluña. El president apeló ante el juez a la libertad de expresión y se escudó en la falta de competencias de la Junta Electoral Central (JEC) para ordenarle retirar los lazos amarillos. Torra acudió a declarar como imputado, arropado por el Govern y la cúpula política soberanista.
En una declaración institucional posterior, Torra argumentó que quien debía decidir sobre esa cuestión es la Junta Electoral Provincial (JEP), para él la competente en este caso, y sostuvo que los denunciantes recurrieron a la JEC porque hay "miembros afines al PP que se han expresado en contra del independentismo y de candidatos independentistas", con lo que aludía a la exclusión del expresident Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí de la lista de Lliures per Europa, luego revocada por juzgados de Madrid.
Torra declaró durante menos de 50 minutos ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Ramos, que le investiga por desobediencia tras querellarse la Fiscalía contra él por desoír la orden de la JEC de quitar los lazos, lo que Torra acabó haciendo, pero fuera de plazo.
Torra contestó a las preguntas del fiscal, pero no a las de Vox, que ejerce la acusación popular, y siguió el guión avanzado el martes al anunciar que no acudiría al TSJC a defenderse, sino a "acusar al Estado español".
Paralelamente, Lliures per Europa se querelló en los juzgados de Madrid, por presunta prevaricación, contra los vocales de la JEC Carlos Vidal y Andrés Betancor por la decisión del órgano de excluir a Puigdemont, Comín y Ponsatí de la lista de la coalición a las europeas.
En la querella, Lliures per Europa acusa a Vidal y a Betancor de ser "miembros de la JEC a propuesta de los dos partidos políticos que presentaron sendas quejas ante dicho órgano, para que fueran excluidos", PP y Cs.
