La modificación de la normativa sobre costas que conllevaría el cierre de la fábrica de pasta de celulosa de la ría de Pontevedra del grupo Ence afectaría a un centenar de empresas y a cerca de 5.000 edificios del litoral, según cálculos divulgados ayer por la patronal gallega. La CEG asegura que, de llevarse a cabo esa modificación, acorde con un dictamen del Abogado del Estado que ya está funcionando desde hace un par de años, tendría un "preocupante impacto económico para Galicia" y supondría un "serio riesgo" para conserveras, depuradoras de agua, hoteles, restaurantes y hasta edificios públicos tales como colegios o centros de salud situados en zonas costeras.
En un comunicado, los empresarios gallegos alertan de ese riesgo en caso de que el Gobierno efectúe una modificación del Reglamento de Costas para que las concesiones extraordinario por 75 años se contabilicen desde el inicio y no desde eventuales prórrogas. Considera que se trata de un "inesperado cambio de criterio" de la Dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por dejar de defender la decisión en 2013 del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de prorrogar hasta 2073 la autorización a la fábrica de Ence para permanecer en la ría de Pontevedra, lo que supondría que debería cerrar antes de 2033.
Advierte del impacto sobre el empleo y la economía que podría tener tal situación y apunta, además, que eso afectará además a los contribuyentes, porque Ence "demandará patrimonialmente al Estado la devolución de todo lo invertido (122 millones de euros) desde la orden ministerial de prórroga de la concesión".
