La Seguridad Social sufre una hemorragia de más de 4.000 millones de euros al año por el régimen de autónomos. El consenso sobre la necesidad de modificar el sistema para hacerlo más sostenible es una realidad que ya ha llegado a un Congreso de los Diputados que ya estudia su reforma, aunque algunas de las propuestas chocan por sus profundas diferencias.
El único punto en el que coinciden las iniciativas de las dos mayores asociaciones en España -la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA)- es en relajar la presión sobre los autónomos con menores ingresos. Para aquellos que ganen menos del salario mínimo interprofesional (707,6 euros al mes), UPTA propone extender la tarifa plana de 50 euros al mes de manera indefinida, mientras que ATA defiende la misma medida, pero por un plazo de dos años más otros dos prorrogables. Además, esta última también propone rebajar el tipo de cotización desde el 29,9% actual (que incluye cobertura por incapacidad temporal y por embarazo) hasta el 22,05% para aquellos que ganen entre 707,6 y 919,8 euros al mes.
El consenso respecto a los emprendedores con rentas más bajas contrasta con la disparidad de criterios sobre aquellos con mayores ingresos. ATA defiende que sea el propio autónomo quien decida subir sus bases de cotización de manera voluntaria. Para incentivarlo, proponen extender el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral y así animar a los jóvenes emprendedores a cotizar por encima de la base mínima.
Por el contrario, UPTA propone duplicar las bases mínimas para aquellos que cobran más de 40.000 euros al año para evitar que a este colectivo se le permita desembolsar lo mismo en cotizaciones que aquellos que ganan cuatro veces menos.
Las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los autónomos tienen un suelo, pero también un techo. Se trata de la base máxima, que actualmente se encuentra en los 1.964,7 euros al mes, y que ATA pretende eliminar a los mayores de 47 años. Según argumentan, esta medida fomentaría al colectivo a cotizar más para poder recibir unas pensiones más generosas en el futuro. Su impacto recaudatorio lo cifran en 1.100 millones de euros.
Por último, la propuesta anunciada ayer por ATA, incluye otro aspecto novedoso. Su intención es que los casi 400.000 autónomos societarios que hay en España pasen a tener un régimen propio, similar al general, sin cotizar ni por desempleo ni por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y en el que las cuotas sean pagadas por la propia empresa.
