Todos los grupos políticos de Cangas se pusieron de acuerdo anteanoche para exigir que se garantice el suministro eléctrico a las personas sin recursos, como pedía el BNG en una moción que alerta de que unas 700.000 personas en Galicia (cerca del 20% de la población) están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social y que las administraciones públicas (la Xunta y el Gobierno del Estado) deben cubrir sus necesidades básicas e impedir que las empresas puedan interrumpirles el suministro si no pueden pagar la factura. Los nacionalistas también abogan por la creación de una "tarifa eléctrica galega" que rebaje el precio de la luz a las familias y empresas, "atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade", según argumentó la portavoz del Bloque, Mercedes Giráldez.
La edil aludió a los recortes presupuestarios y salariales, al copago de servicios públicos o a la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas como condicionantes de la "pobreza enerxética" y como motivos que dan más peso a la demanda de garantizar el suministro a toda la población, especialmente a los más desfavorecidos, que se exponen a quedar sin servicios básicos por falta de recursos económicos.
La moción salió adelante por consenso. El concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, hizo suyos los argumentos de la ponente, al igual que el socialista Alfredo Iglesias, aunque recordó que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada varias medidas en el mismo sentido y añadió que el consumo eléctrico de las familias más necesitadas deben descontarse de los beneficios de las empresas. La edil del PP Dolores Hermelo matizó que ella es más partidaria de una "tarifa eléctrica europea" que de una "tarifa galega", aunque no puso puso reparos en la votación. Tampoco lo hizo Mariano Abalo, de ACE, que criticó que "haxa xente que pasa frío mentres expresidentes de Goberno están nos consellos de administración das eléctricas".
