La Xunta de Galicia ha recibido hasta la fecha 54.700 solicitudes de ayuda para el cuidado de personas que pretenden acogerse a la Ley de Dependencia. En 18.000 casos ha reconocido ese derecho, pero se desconocen cuántos lo perciben ya y cuántos quedan aún por evaluar. Es esa lentitud y ambigüedad en la tramitación la que hace que muchas familias hayan expresado su malestar por la forma en que se está aplicando la ley. No es de extrañar: dos años después de haber sido aprobada en el Congreso, hay ciudadanos que aún no han recibido las ayudas prometidas y otros que ni siquiera saben si tienen derecho a ellas.
El Gobierno gallego se ha mostrado combativo frente al Ejecutivo central tanto a la hora de exigir fondos para aplicar la ley como al reprocharle el retraso en hacer frente a los pagos. El área nacionalista del Gobierno, de la cual dependen los servicios sociales de la Xunta, logró finalmente arrancar en los Presupuestos del Estado 20 millones adicionales para este año -que se suman a los 47 ya otorgados- y una partida de 80 millones para 2009. A esta última cantidad hay que añadir otra aportación similar de la Xunta. La suma de unas y otras permitirá que Galicia pase en un año de 20.000 personas con derecho a las ayudas -cantidad prevista para 2008- a más de 35.000 en 2009.
Pero el horizonte de beneficiarios potenciales de estas ayudas está muy por debajo del número de afectados reales. La causa es el desajuste entre las previsiones manejadas por las autoridades y la realidad social sobre la que se aplica la ley en Galicia. El galopante envejecimiento de la población ha propiciado que el número de dependientes casi se haya duplicado en la última década. En nuestra comunidad viven 580.000 personas mayores de 65 años, de las cuales más de 100.000 superan los 80 años; casi el 12% de la población, 292.000 personas, sufre algún tipo de discapacidad; 100.000 necesitan ayuda institucional y de ellas 20.000 son grandes dependientes.
Con estas cifras en la mano el desajuste resulta evidente. El número de dependientes es mayor del inicialmente establecido, es decir, las previsiones gubernamentales son incorrectas. Un reciente estudio de la Universidad de Vigo, dado a conocer por FARO, revela con claridad esa realidad al tiempo que alerta de lo que puede ocurrir en un futuro. "Están aflorando", dice el estudio, "más casos de grandes dependientes de los que se preveía y todavía hay muchas enfermedades, como las demencias, que siguen sin estar diagnosticadas".
El origen del problema no es otro que la ligereza con que el Gobierno central diseño en su día para la ley un escenario totalmente alejado de la realidad. Esa ligereza al evaluar la salud de la población es la que ha provocado que el dinero presupuestado resulte ahora absolutamente insuficiente. Y la consecuencia directa es que la esperanza, cuando no entusiasmo, generado en miles de familias gallegas ante la perspectiva de recibir las ansiadas ayudas ha devenido en frustración, tanto por los recortes en las cantidades como por la maraña burocrática que deben sortear o los retrasos a la hora de recibirlas, hasta el extremo de que muchas familias incluso han desistido de pedirlas. Es cierto que el problema es idéntico para todas las comunidades, pero su incidencia en Galicia es mucho mayor puesto que mayor es también aquí la cifra de dependientes.
Por eso está más que justificado que la Xunta, a través de su Vicepresidencia, responsable directa de esa parcela, se haya convertido para Madrid en una especie de azote a la hora de reivindicar fondos con los que poder aplicar la ley. Como lo está también su demanda de dotar al conjunto del Estado de un modelo de financiación estable que permita en el futuro desarrollar ley sin necesidad de recurrir a acuerdos políticos o presupuestarios coyunturales. Sólo así podrán sentarse las bases de un sistema de servicios sociales tan eficaz y justo como independiente del color del Gobierno de turno o de los avatares económicos. La gran incertidumbre actual es, precisamente, qué va a ocurrir con la Ley de Dependencia en el actual contexto de crisis financiera y recesión económica.
El caso es que la ley, tal y como ha echado a andar, necesitará bastantes años para alcanzar una aplicación integral en Galicia. Y eso es, justamente, lo que no puede admitirse. No sólo porque los dependientes gallegos no puedan esperar más, que no pueden, sino porque para muchos de ellos esas ayudas nunca llegarían a tiempo.
Resulta indispensable así pues multiplicar los esfuerzos. Los centros de acogida para los mayores dependientes, como los diez nuevos anunciados por la Xunta, son urgentes, pero lo son también los previstos para dispensar atención sanitaria. Sólo así podrá cumplirse uno de los objetivos marcados en la ley: coordinar los servicios sanitarios con los sociales y hacerlos trabajar insertados en una red que garantice la eficacia en la atención a estos enfermos, muchos de los cuales viven solos en casas aisladas en la zona rural. Son estos gallegos, y todos los demás dependientes, los que no pueden esperar más.
