La macrocausa derivada de la mayor redada realizada en A Pedra, la que en octubre de 2014 supuso el cierre del popular mercado vigués, ya está más próxima a que el caso desemboque en una sala de vistas. El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo dictó recientemente el auto de apertura de juicio oral después de que la Fiscalía y las 15 acusaciones particulares personadas presentasen sus escritos de calificación. Y en lo que se refiere al Ministerio Público, formula acusación contra 44 comerciantes, solicitando penas de hasta dos años y medio de prisión, así como multas, al atribuirles la comercialización de prendas, complementos y calzado falsificados de marcas "notorias y de reconocido prestigio". La fiscal, que pide el archivo con respecto a otros cinco vendedores, concluye que además de la actividad de comercialización, había locales cerca de A Pedra, en otros edificios y en viviendas que se usaban como almacenes de ropa para "abastecer" al mercado.

La Fiscalía atribuye la presunta autoría de un delito contra la propiedad industrial agravado a cinco de los acusados -a dos de ellos en calidad de cómplices- y de un delito contra la propiedad industrial en su grado básico a otros 34 encausados. Y con respecto a los cinco restantes, rebaja su calificación a falta en atención al escaso beneficio económico estimado dadas las pocas prendas incautadas.

¿Cuáles son las peticiones concretas de la fiscal? Con respecto a los 39 acusados de delito, bien en su tipo agravado o básico, la mayor pena se solicita para dos hermanos: dos años y medio de prisión, multa de 2.700 euros e inhabilitación para el ejercicio del comercio por cuenta propia durante dos años. Sobre los restantes comerciantes en esta situación, las solicitudes de prisión y sanción económica no son idénticas, aunque, en lo referente a cárcel, la demanda para la mayoría es de un año y medio. La condena más baja, de 4 meses de prisión, se plantea para un empleado al que se le tiene en cuenta una atenuante de reconocimiento de los hechos.

Este trabajador es al único al que se le beneficia con esta circunstancia. La razón es que abandonó la actividad que se le atribuye -venta, aprovisionamiento de puestos y aviso de redadas- meses antes del operativo. Y sobre todo ya que "reconoció y detalló estos hechos" ante la Policía y en el juzgado, "colaborando en todo momento".

Otros imputados

Con respecto a los cinco vendedores a los que se limita su responsabilidad a falta, la petición es de 270 euros de multa o, alternativamente, de cinco días de localización permanente. Y en lo tocante a la responsabilidad civil, la fiscal solicita que los 44 acusados indemnicen a las marcas en función del beneficio obtenido. Para el cálculo de las cuantías, precisa que se tengan en cuenta lo que hubieran obtenido los imputados por los precios que había en A Pedra y no por los que establecen las marcas -más elevados al tratarse de prendas originales-. Un total de 56 empresas reclaman, mientras que otras 10 renunciaron a la indemnización.

La Fiscalía relata que con ocasión de "una labor de vigilancia y seguimiento" de un grupo especializado de Madrid de la Policía Nacional -que arrancó en abril de 2013- se tuvo conocimiento de que en los puestos del mercado y en bazares adyacentes "se dedicaban a la venta de prendas de ropa, complementos y calzado que reproducían los signos distintivos de marcas notorias y de reconocido prestigio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad industrial".

También existían, refiere en su escrito, locales próximos al mercado, así como ubicados en otros edificios o viviendas, que "servían de almacén de la ropa o calzado". Los registros en 36 puestos de A Pedra y en bazares del entorno fueron los días 15 y 16 de octubre de 2014. Desde aquel golpe, el mercado no volvió a ser el mismo: aunque algunos negocios reabrieron, otros siguen cerrados a cal y canto.