Las comunidades gobernadas por el PP elevan el tono ante el Gobierno central para exigir información sobre el cálculo del cupo vasco. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer las cifras del acuerdo para el próximo quinquenio porque condiciona los recursos del resto. "Claridad en asuntos que afectan a todos y el sistema de financiación autonómica afecta a todos. El de Euskadi afecta a esa comunidad y al conjunto", alegó cuatro días después de su primera queja. A su petición se unió el presidente de Castilla y León, el también popular Juan Vicente Herrera.

El cupo vasco es un sistema de financiación propio fijado en la Constitución que establece que el País Vasco recauda sus propios impuestos y paga al Gobierno central una cantidad de dinero por las competencias no transferidas, como puertos, ferrocarriles o aeropuertos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy y el de Íñigo Urkullu la fijaron en 1.300 millones anuales, 250 menos que ahora. Luego, el Congreso aprobó el pacto con el único voto en contra de Ciudadanos y Compromís.

Ese hecho se produjo tras bloquear el PNV la aprobación del presupuesto estatal para 2018 en protesta a la gestión de la crisis catalana y antes de que se aborde la negociación del sistema ordinario de financiación autonómica, prorrogado desde 2014. Para cuadrar las cuentas del resto, Feijóo pidió conocer cómo se hallan las cifras vascas. ¿Tiene algún dato actualmente a pesar de que su partido negoció con el PNV y votó a favor en el Congreso? "A ningún presidente [autonómico] se nos ha dado", lamentó en declaraciones a Onda Cero. Reiteró su respeto al concierto vasco, pero exigió "claridad", sobre todo porque a la Conferencia de Presidentes de enero no acudió el lehendakari Íñigo Urkullu, por lo que no se sienta a debatir con el resto de sus homólogos. "Cuando la transparencia no es del 100% que nos gustaría a los demás, es un fallo que deberíamos subsanar", indicó en referencia al Gobierno central de su jefe de filas, Mariano Rajoy, tras reconocer que "pocas cosas han tenido tanta unanimidad" en el Parlamento esta legislatura como el aval al cupo.

Feijóo fue de los primeros en plantear esta reclamación dentro del PP, secundada por presidentes autonómicos de sus siglas en Murcia, La Rioja y Castilla y León. El dirigente de la Junta de esta última, Juan Vicente Herrera, apoyó de nuevo ayer las reivindicaciones de Feijóo en un artículo en el diario El País en el que demandó transparencia en el cupo vasco por su "directa repercusión en el conjunto de la financiación autonómica" y para evitar "privilegios económicos" que fomenten las desigualdades, recordando el retraso en el abordaje del nuevo marco que el Gobierno había prometido reformar este año tras la presentación en enero del informe del comité de expertos sobre la materia. La crisis catalana ha frenado esa discusión.

El plazo para que las autonomías presentasen alegaciones a ese texto expiró ayer tras ser prorrogado tres días. La Consellería de Facenda confirmó que las había enviado al ministerio de Cristóbal Montoro, pero descartó revelar su contenido alegando que son "documentos de trabajo internos muy técnicos".

Los principios que defiende Galicia son conocidos: quiere que se financien en mayor medida envejecimiento y dispersión poblacionales porque encarecen la prestación de servicios. Feijóo, sin embargo, añadió ayer otro elemento habitual en su discurso, pero que hasta ahora no había propuesto incluir en esta reforma, sino en otras políticas. Propone primar en el nuevo sistema a las comunidades solventes como Galicia frente a las "rescatadas". "Hay comunidades que nos ajustamos al presupuesto, cumplimos el déficit y no hemos sido un problema para el conjunto [...] y otras han vivido con más facilidades, muchas más ayudas y algunas condonaciones de deuda que en este momento es bueno poner encima de la mesa para hacer el ajuste necesario en el próximo sistema de financiación", expuso tras citar a Cataluña, a pesar de que otras autonomías recibieron el salvavidas del Gobierno central para no quebrar, como Valencia o Andalucía. Esa "asimetría" debe considerarse a la hora de repartir recursos, negociación que no vinculó a Cataluña. "Sería un grave error mezclar independentismo catalán con la financiación de servicios públicos", matizó tras mostrarse "perplejo" por las quejas de la Generalitat destituida ante un reparto de fondos negociada "casi de forma bilateral" en 2006 con el Gobierno socialista de Zapatero.