El Gobierno desveló ayer la reforma de la Ley de Costas que prevé aprobar en septiembre. Una de las novedades más destacadas es que renovará las concesiones por un periodo de 75 años más a los inmuebles que ocupan el dominio público marítimo terrestre, aunque a cambio de implantar un canon, que para las viviendas será "simbólico". Durante este tiempo, tanto las casas como el resto de construcciones podrán además ser objeto de compra-venta, algo que ahora está prohibido.
Aunque no hay datos fiables, la medida afectará a varios miles de viviendas en Galicia y aunque no es una solución definitiva, al menos da la garantía de que los ocupantes de estos inmuebles no podrán ser desalojados hasta el año 2093. Con la aplicación de la Ley de Costas en 1988, un largo centenar de núcleos marineros y numerosas casas y negocios comerciales ubicados a lo largo de la costa gallega quedaron fuera de regulación. Es decir, quedaron dentro del dominio público marítimo terrestre (una franja que ocupa los cien primeros metros de tierra desde la ribera del mar) y todos los inmuebles pasaron a ser titularidad del Estado, que permitió a los inquilinos (muchos de los cuales contaron con todas las licencias) quedar en sus construcciones, pero en régimen de concesión.
Gran parte de ellas acaban en 2018 la concesión, porque se otorgaron por un periodo de 30 año, con la posibilidad de autorizar una nueva prórroga por otros treinta años. Además, ningún inmueble se puede vender y todas las obras tienen que ser autorizadas previamente por el Gobierno central, pero solo para mantenimiento, porque las reformas que modifiquen la altura o el volumen están prohibidas.
Sin embargo, con la reforma de la Ley de Costas que ayer analizó el Consejo de Ministros, la siguiente prórroga de la concesión ya no será por 30 años, sino por 75, y los dueños de los inmuebles podrán incluso venderlos, además de tener más libertad para ejecutar obras. El Gobierno quiere evitar el gasto económico y el perjuicio social que supondrían los derribos al concluir las concesiones.
Estos criterios también regirán para las instalaciones comerciales e industriales, si bien las condiciones serán un poco más restrictivas, ya que para determinadas actividades deberán contar previamente con un informe favorable de la comunidad autónoma.
Para todas estas concesiones que se renueven a partir de ahora se aplicará un canon cuya cuantía, como explicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, dependerá de si se trata de una vivienda familiar o un establecimiento comercial. Pero para las casas, dijo, será "prácticamente simbólico".
La reforma también abre la puerta a legalizar los asentamientos tradicionales marineros en bloque, es decir, reconocerlos como núcleos urbanos sujetos únicamente a la disciplina urbanística municipal. No pudo hacerse en 1988 porque los concellos no fueron capaces de acreditar que existían como poblaciones antes de la entrada en vigor de la ley.
Para ello, el respectivo ayuntamiento tendrá que dar el primer paso al aprobar un nuevo planeamiento que los califique como suelo urbano, si bien deben contar con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente. Como condiciones, estos núcleos tradicionales debían tener antes de 1988 acceso rodado, abastecimiento de agua y red de alcantarillado y que al menos la mitad de la superficie estuviera ocupada por construcciones.
La reforma da potestad a los delegados del Gobierno en las autonomías para paralizar de forma automática cualquier licencia que atente contra la Ley de Costas, amplía a cuatro años las autorizaciones para explotar chiringuitos en las playas, da la posibilidad de rebajar la zona de protección de 100 a 20 metros en las rías y deja sin aplicar la ley en once localidades del Levante y del Sur y en Menorca, por su peculiar urbanismo.
La continuidad de Ence en la ría, en manos de la Xunta
La continuidad de la planta de celulosa de papel que Ence tiene en la ría de Pontevedra dependerá de la Xunta. Solo podrá seguir en el actual emplazamiento si el Gobierno gallego le da el visto bueno. Y hasta el momento, el Ejecutivo de Feijóo no ha dado ninguna muestra de que Ence pueda mantenerse en la ría de Pontevedra más allá del año 2018, fecha en que concluye la actual concesión para la explotación de la planta de celulosa de papel.
La reforma de la Ley de Costas, cuyo anteproyecto fue analizado ayer en el Consejo de Ministros, incluye la prórroga por 75 años de la concesiones otorgadas a las instalaciones ubicadas en el dominio público marítimo terrestre, pero advierte de que no se trata de una prórroga "indiscriminada" para determinadas actividades, entre las que se encuentran las papeleras, porque éstas deberán contar con la aprobación previa del gobierno autonómico respectivo de cada comunidad.
"En el caso de las concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, la prórroga solo será concedida previo informe favorable del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación", se recoge en la reforma.
El Ministerio de Medio Ambiente argumenta que en estos casos de actividades la protección del litoral tendrá prevalencia sobre la seguridad jurídica que supone la continuidad de las instalaciones y "podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles".
De esta forma, la postura de la Xunta será determinante para decidir no solo el futuro de Ence, sino también de todas las actividades potencialmente perjudiciales para el medio ambiente que se desarrollen a orillas del mar.
Desde la Consellería de Medio Ambiente se saluda este cambio en la Ley de Costas, pues, asegura, está en consonancia con lo que había demandado la Xunta, que no era otra cosa que se tuviera en cuenta su opinión para determinar la continuidad de las instalaciones industriales asentadas en el litoral de la comunidad autónoma.
PSOE y ecologistas arremeten contra la reforma
La reforma de la Ley de Costas recibió ayer el varapalo de socialistas y ecologistas. El PSOE, a través de su secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, acusó al Gobierno de querer "privatizar las costas españolas y con ello burlarse del espíritu que la Constitución contiene de querer limitar la especulación urbanística del dominio público marítimo terrestre".
A su juicio, la reforma de la Ley de Costas es un "auténtico monumento a la desprotección de los intereses públicos al servicio del enriquecimiento privado" y auguran que "desembocará" en un "océano de litigiosidad". Para Morán, "habría que tener en cuenta los estudios que hay en materia de cambio climático" y recordar los efectos de la burbuja del ladrillo en la actual crisis.
A los ecologistas –WWF, Seo/Bird Life y Ecologistas en Acción– les disgusta la ampliación de las concesiones a 75 años que propone el anteproyecto por el enorme daño al medio ambiente que dicha decisión supondrá. Ecologistas en Acción califica de privatización encubierta la reforma, que, afirman, supondrá el sacrificio del dominio público marítimo terrestre a la especulación urbanística y a los intereses privados.
WWF coincide en el análisis. El responsable de su programa marítimo, José Luis García Baras, ve en la reforma un retroceso por cuanto prima los intereses económicos antes que el entorno natural. Así, criticó también la ampliación de concesiones y la posible "transmisión intervivos", que podría, opina, desarrollar procesos especulativos en torno a estas propiedades, un defecto que resaltan también Ecologistas en Acción.
