La Consejería valenciana de Sanidad denunció ayer ante la Fiscalía Anticorrupción 4.713 facturas presuntamente irregulares del Hospital Provincial de Castellón, emitidas entre 2006 y 2015 por las empresas PIAF, investigada en el "caso Gürtel", y Telecso -vinculada a través de un familiar directo con el dueño de la anterior-, por si son constitutivas de delito. El valor de los pagos asciende a 25 millones de euros. La consejera, Carmen Montón (PSOE), aseguró que las facturas "suponen una clara transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda pública" y "podían ser constitutivas de varios delitos", ya que 12 de los 25 millones corresponderían a comprobantes de pago que supuestamente superan los importes fijados en los expedientes de contratación y el resto serían facturas sin cobertura contractual.
Montón recordó que el patronato del consorcio del hospital estuvo presidido por los exconsejeros de Sanidad Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Llombart y Luis Rosado, y vicepresidido por los presidentes de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y Javier Moliner, todos del PP. La Consejera sospecha que se han podido emitir facturas por trabajos que no hay certeza de que se realizaran.
Las facturas con PIAF corresponden, sobre todo, a la etapa de Fabra al frente de la Diputación de Castellón, mientras que las de Telecso son de la etapa de Moliner, actual responsable de la corporación provincial. Montón denunció la "falta de control" en la gestión del hospital, que "al ser un consorcio eludía la intervención", y "todo quedaba en manos de la presidencia y la vicepresidencia".
