Los juristas consideran justificado otorgar la prerrogativa al heredero de la Corona

Los especialistas consultados cuestionan que se conceda el privilegio a la Reina y a la Princesa de Asturias, porque no tienen una función asignada en el organigrama del Estado

05.04.2014 | 01:30

Los juristas consultados por este diario consideran justificado otorgar la condición de aforado al Príncipe de Asturias, como heredero de la Corona y posible regente, aunque manifiestan su extrañeza ante el hecho de que el sucesor en la Jefatura del Estado aún no tuviese reconocida esa prerrogativa que disfrutan los ministros y los diputados. Lo que ya no tienen tanto claro es que la condición se extienda a la Reina y a la Princesa de Asturias, que, como consortes, no tienen una función asignada en el organigrama del Estado que justifique la prerrogativa.

El catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset explica que tradicionalmente no han existido problemas de orden penal con la Familia Real, y mucho menos, con la Reina y los Príncipes de Asturias. "Ahora han reparado en que la Constitución menciona el aforamiento de miembros del Gobierno, diputados, pero no alude a ellos", explica. La única prerrogativa que considera la Constitución es la inviolabilidad del Rey, "que es la irresponsabilidad jurídica total, contra el Monarca no se puede proceder tampoco civilmente, ha habido intentos de demandas civiles de reconocimiento de paternidad y no fueron admitidas", señala.

Punset considera "peculiar" que Ruiz-Gallardón aluda a la seguridad jurídica para proceder al aforamiento. "No tiene nada que ver, lo que trata de proteger el fuero es la seriedad de la acción penal que garantiza la Sala Segunda del Tribunal Supremo", explica. Añade que "en una sociedad democrática no caben privilegios".

De la misma idea es el catedrático de Constitucional Francisco Bastida, quien sugiere diferenciar con claridad entre privilegios y prerrogativas, "que son una serie de garantías vinculadas al ejercicio de un cargo, como es el caso del Príncipe, pero no de la Reina ni de la Princesa, que no ejercen función constitucional", señala.

Entre los inconvenientes del aforamiento Punset destaca que no admite recurrir a otra instancia penal. "Eso implica que la posible condena no sería objeto de revisión por un tribunal mas alto", como también advirtió ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apoya que la Reina y los Príncipes sean aforados ante el Tribunal Supremo.

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